El Ayuntamiento de Toledo y la Secretaria de Estado de Hacienda han renovado el convenio de colaboración en materia de gestión catastral por el cual la Administración local se convierte en oficina para tramitar las alteraciones que se produzcan en las propiedades inmobiliarias (urbanas y rústicas) repartidas por toda la ciudad. Sin embargo, el «objetivo prioritario» será la «identificación de omisiones» de construcciones (altas y ampliaciones), rehabilitaciones y cambios de uso. Es decir, vigilar los cambios que no se declaran (ni pagan).

Para reconocer que se ha producido una alteración fraudulenta el sistema consistirá en comparar la descripción catastral (relativa a superficies, antigüedades, estados de conservación y usos) con «la realidad inmobiliaria».

Los tipos de alteración sobre los que se centrará la atención de estos inspectores serán la obra nueva, la ampliación de construcciones (también las piscinas privadas o colectivas), la reforma integral o rehabilitación, la reforma total o media, el cambio de uso de los inmuebles o locales, la demolición o derribo, la segregación, división, agregación o agrupación.

En el caso de las propiedades rústicas se analizarán el cambio de clase de cultivo o aprovechamiento y la alteración jurídica.

Con el fin de ser más garantistas a la hora de localizar un posible fraude, «no se considerará incidencia, por sí sola, la falta de concordancia» entre el dato archivado y la realidad inmobiliaria. «Se precisa la obtención de una prueba (fotografía actualizada) de las parcelas sobre las que haya detectado alguna incidencia que avalen la existencia de discrepancia».