El Ayuntamiento de Toledo no va a revisar si fueron correctos los recibos del IBI urbano que se giraron durante los primeros años del Plan de Ordenación Municipal a algunos propietarios de suelo rústico localizado en Azucaica y el Polígono.

Los concejales presentes en la Comisión de Hacienda, de todos los partidos con representación municipal, votaron ayer en contra de los intereses de estos vecinos amparándose en un  dictamen del Consejo Consultivo que -según aseguran los servicios económicos y jurídicos municipales- dice que «no concurren las causas para la revisión».

Los técnicos interpretan que el dictamen es vinculante y por lo tanto «no se puede revisar» un expediente prescrito. Además apelan a una presunta seguridad jurídica concerniente a actos que ya son firmes (obviando que la ley permite excepciones para corregir lo manifiestamente injusto).

La clave es que estos contribuyentes habrían pagado los recibos durante esos primeros años (2008) sin rechistar y solo han protestados cuando el Tribunal Supremo ha dicho que el suelo urbanizable que no cuenta con un PAU aprobado para su desarrollo debe cotizar como IBI rústico. Con el agravante, según la Tesorería municipal, que el IBI urbano precisamente había experimentado un incremento muy importante los años previos a aprobar el POM. Es decir, estos vecinos se encontraron en el peor de los escenarios sin saberlo. La crisis, los recibos indebidos y la chapuza del POM hicieron el resto.