CCOO exige al presidente regional, Emiliano García-Page, que abra de inmediato la mesa de diálogo con «la representación legal de los trabajadores» para convertir en realidad su promesa de «blindar» los servicios públicos de Castilla-La Mancha. El sindicato propone tres ejes sobre los que negociar: recuperar el empleo público perdido (estiman que faltan 10.000 trabajadores entre educación, sanidad y administración); desarrollar la ley de empleo público que hasta ahora es «papel mojado»; y situar los derechos de los trabajadores a la altura de lo que reconocen tanto el Estado como otras Comunidades.

Lola Cachero, coordinadora del área pública de CCOO y secretaria regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, explica que en el sindicato valoran de forma positiva el compromiso expresado por García-Page durante su discurso de investidura y consideran que la mejor forma de llevarlo a cabo es firmar un «pacto de progreso» que blinde dentro del Estatuto de Autonomía los servicios públicos en la medida que son sinónimo de «cohesión social» y garantizan el «cuidado de las personas más necesitadas».

Entiende que «se necesita un acuerdo para mejorar la calidad de los servicios públicos, reforzar las plantillas, establecer buenas prácticas en la gestión, preservar la prestación directa por personal público y recuperar los derechos y las condiciones laborales de los empleados públicos de esta región».

Recortes. Cachero afirma que todavía se sienten las secuelas de los recortes aplicados durante el «nefasto» mandato del PP y subraya que las medidas del PSOE durante la legislatura pasada han sido «insuficientes» para subsanar el camino perdido.

El reto del Gobierno regional, según CCOO, es «una apuesta sin paliativos» por el empleo público  para empezar a recuperar los 10.000 trabajadores necesarios para «estabilizar y rejuvenecer las plantillas».

Es «urgente negociar ya» la oferta de empleo público de 2019 extendiendo la tasa de reposición al máximo que permite la ley: 100% de las jubilaciones más otro 8% adicional. CCOO exige agotar todos los años los topes máximos que permita el Estado.

También es «imprescindible» que los programas de empleo temporal de orientación al empleo y la atención a la dependencia formen parte de la estructura del personal de Castilla-La Mancha. Apuestan por plasmar en la ley las funciones que nunca podrán ser privatizadas.

Reclaman el desarrollo de la ley del empleo público que cumple 8 años sin resultados. Quieren que se negocie la carrera profesional del personal público para que se reconozcan derechos y la creación del grupo ‘B’. «Se necesita una revisión a fondo de la relación de puestos de trabajo, que no se ha hecho nunca», para modernizar los servicios.

Se quejan de que en derechos laborales Castilla-La Mancha «va por detrás» de otros territorios y sigue penalizando a quien se pone enfermo, no aplica fondos adicionales, no hay bolsa de horas para conciliación…

En resumen están de acuerdo con el pacto pero recuerdan que «no hay servicios públicos de calidad si no hay calidad en el empleo público».