La actividad en los juzgados avanza a buen ritmo, a pesar de las medidas sanitarias impuestas desde hace meses, y empiezan a ofrecer datos relativos a los meses de verano, un periodo complejo que coincidió en buena parte con la reactivación de los órganos judiciales tras los dos meses de confinamiento. La situación económica no es halagüeña y continúan ejecutándose desahucios, aunque a menor ritmo que en trimestres anteriores. En este caso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de publicar nuevos datos que apuntan que los juzgados practicaron 66 desahucios entre julio y septiembre, un 28,2% menos que en mismo trimestre de 2019.
El informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’ contabiliza un total de 7.096 lanzamientos practicados en este tercer trimestre de 2020 en España, con lo que se aprecia una caída del 30,2% en su variación interanual. Toledo sigue la misma tendencia que el resto de provincias respecto a los lanzamientos de inmuebles por impago de hipoteca o de alquileres, este último acumula 46 desahucios el pasado verano, es decir, el 69,6% de los que se practicaron conforme a la vulneración de la Ley de Arrendamientos urbanos.
La caída de los lanzamientos no tiene una sola causa, la paralización y la reactivación de la actividad judicial tras el confinamiento -ya que en el segundo trimestre únicamente se materializaron 15 desahucios-, también es posible que obedezca al conjunto de medidas antidesahucios que puso en marcha el Gobierno la pasada primavera, que incluían la paralización de los lanzamientos en aquellos casos en los que se demuestra que los afectados son vulnerables debido a la crisis del coronavirus. Por tanto, se calcula que unas 29.000 familias con una delicada situación económica podrán continuar en sus viviendas hasta 2024, fecha límite de la prórroga acordada.
Es posible que en el próximo año sea imposible calcular el total de desahucios, puesto que al mismo tiempo que el CGPJ publica su estadística de lanzamientos, el PSOE y Podemos acaban de alcanzar un acuerdo para que se paralicen los desahucios mientras dure el estado de alarma derivado de la pandemia por coronavirus. La noticia ha saltado esta semana y ahora el Gobierno lo tendrá que llevar al Consejo de Ministros, pero aún se desconoce la fecha y la entrada en vigor del decreto ley. Si bien, el informe de este cuarto trimestre sí saldrá adelante una vez que finalice 2020 porque no se verá afectado por la medida.
A pesar de aún faltan tres semanas para despedir 2020, el informe ya avanza sin equivocarse que este año los lanzamientos se han frenado respecto a 2019, un ejercicio que cerró con 686 lanzamientos practicados en la provincia de Toledo. A falta de conocer los datos derivados del último trimestre, de momento, se han producido 181, una cifra muy mermada en comparación con la anterior.
De esos 66 desahucios ejecutados en la provincia de Toledo durante el tercer trimestre, 19 casos se derivaron del impago de la hipoteca durante bastantes meses, ya que el Tribunal Supremo dictó el año pasado que los tribunales no admitirán procedimientos ligados con los desahucios con plazos inferiores a los doce meses de impago.
mercado laboral. La crisis económica derivada de la pandemia y de las restricciones sanitarias también se está dejando notar. Los juzgados de lo Social han recibido 366 demandas de despido en el tercer trimestre, un 8,9% más que en el mismo periodo de 2019. Pese a que, de momento, el incremento no es muy significativo en la provincia de Toledo, en parte por los ERTE del Gobierno que estarán en vigor hasta el 31 de enero como mínimo, ya se advierte un agravamiento del mercado laboral, con un 26,6% más de procedimientos de despido que en el segundo trimestre cerca de un 5% por encima del primer trimestre.
Sin embargo, el comportamiento de las demandas por reclamación de cantidad es a la inversa, puesto que entre julio y septiembre los juzgados de la provincia contabilizaron 274, 26 menos que en el mismos periodo de 2019. Si bien, la situación económica no pinta demasiado halagüeña de momento y es posible que los juzgados de lo Social reciban más carga de trabajo en los primeros meses de 2021.