UGT exige 'delegados territoriales' contra la siniestralidad

-

Esta figura vendría a cubrir el déficit en materia de prevención de riesgos de las empresas más pequeñas. La construcción vuelve a ser el sector con más accidentes, según denuncia el sindicato

UGT exige ‘delegados territoriales’ contra la siniestralidad


La gestora que en estos momentos dirige UGT-CLM tras la dimisión de su directiva a finales de año, ha hecho públicos sus objetivos para  este 2020. Entre ellos, su exigencia de poner en marcha en la región la figura del ‘delegado territorial’ de riesgos laborales, ante el significativo incremento de los accidentes en los últimos meses, especialmente en sectores como la construcción, donde la siniestralidad ha crecido casi un 12 por ciento en el último año.
Una figura, la de delegado territorial de riesgos laborales, que vendría a cubrir las necesidades de las empresas más pequeñas, que no tienen, por cuestión de tamaño, delegados de prevención en sus plantillas, según se explica desde el sindicato.
En el plano del diálogo social, UGT le planteó ayer a la Junta  la necesidad de desarrollar ya Ley de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha, aprobada por las Cortes hace unos meses. Y es que, como se insiste desde este sindicato, de la regulación específica de esta ley deben derivar nuevos mecanismos para mejorar el diálogo social en la comunidad, tras casi una década de ‘vacío’ a cuenta de la pasada crisis económica.
Además, la responsable regional de la Federación de Servicios Públicos, Carmen Campoy, apuntó la necesidad de que la anunciada ley LGTBi regional sea aprobada esta legislatura. Una ley en la que llevaría varios años trabajando el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y cuya iniciativa habría tomado ahora la recién creada Consejería de Igualdad.
UGT también reclama al Ejecutivo autonómico políticas de empleo regionales que fomenten la contratación incidiendo en jóvenes, mujeres, parados de larga duración y mayores de 55 años. Así como una  apuesta más decidida por poner en marcha mecanismos de  colaboración público privada para mantener y crear empleo en las zonas poco pobladas de la región.
En cuanto a la hoja de ruta sobre políticas sectoriales, dentro de Construcción, Industria y Agroalimentación, UGT propone crear unidades de negociación colectiva que sobrepasen el ámbito provincial unificando pequeños convenios con un ámbito de acción semejante, para contar así con convenios más amplios.
Limitar la contratación eventual en el sector industrial, incluir una cláusula de subrogación de los trabajadores, modificar la ley para que las estaciones de servicio de la región no estén desatendidas, vigilar la proliferación de falsos autónomos, exigir el cumplimiento de la ley de Prevención de Riesgos Laborales y pedir la intensificación de políticas de desarrollo industrial entran también dentro de los objetivos de esta área.
Dentro de Servicios Públicos, desde UGT seguirán pidiendo establecer la carrera profesional para trabajadores del Sescam y los de Administración General; recuperar un Plan de Acción Social; e incrementar plantillas en el sector sociosanitario.
En Educación, propugnan reducir las ratios, ya que aún no cumplen la ley, reducir el número de periodos lectivos de docentes, reformar infraestructuras educativas, mejorar la atención a la diversidad, y aumentar la cuantía presupuestaria son las intenciones a conseguir por el sindicato. Y es que, como apunta Campoy, «necesitamos menos ratios, necesitamos apoyos necesarios para atender a la diversidad y la integración, y para eso hacen falta profesores que lo hagan posible».
A estas iniciativas se suman en el ámbito de la sanidad recuperar el cómputo de las actividades de formación como jornada, transferir la gestión del transporte sanitaria al Sescam, hacer voluntaria la exención de noches y la reducción de jornada, mejorar el cómputo de permisos y el solape de turnos y fijar medidas para evitar las agresiones a profesionales sanitarios.
En el capítulo de Servicios, Movilidad y Consumo, UGT quiere fijar por convenio colectivo la implantación de sistemas de control horario, negociar subidas salariales por encima del 2% con cláusulas de revisión conforme el IPC, regular la opción de mejorar jornada de trabajadores temporales cuando haya vacantes; o exigir reducir el número de domingos y festivos de apertura de los comercios.
Completan la lista medidas como reducir la tasa de contratación de personal por parte de empresas de trabajo temporal e incluir en los convenios de limpieza cláusulas que fomenten la paridad en la promoción profesional interna, exigiendo la inclusión de trabajadoras del régimen doméstico en el régimen general para que tengan derecho a prestación por desempleo, por jubilación e indemnización por despido.