El Ayuntamiento de Talavera ha seguido recibiendo demandas de beneficiarios de los planes de empleo de años anteriores, según ha tomado conocimiento hoy la Junta de Gobierno Local. En ellas, los trabajadores de los Planes de Empleo reclaman las cantidades correspondientes a las diferencias salariales de diferentes ediciones de estos planes, 2016, 2017 o 2018, es decir, un «cúmulo» de demandas que en la Junta de Gobierno se están abordando para aprobar la personación en el expediente judicial, remitirlo al juzgado y seguir trabajando en «cómo vamos a afrontar esta problemática que tenemos» y que ha dejado en herencia el anterior Gobierno.

Así lo ha indicado la portavoz municipal, Flora Bellón, quien se ha referido al auto del Tribunal Supremo definiéndolo como «sentencia millonaria que pagaremos todos los talaveranos» debido a las gestiones del anterior Gobierno en los Planes de Empleo. En este sentido, ha sostenido que «alguien del PP debería asumir responsabilidades en esta cuestión por la que ahora nos vemos con una ciudad hipotecada».

Así lo ha mantenido durante la rueda de prensa referente a la Junta de Gobierno de Local, que incluía nueve puntos referentes a la toma de conocimiento de estas demandas.

En este punto, la portavoz ha recordado que recientemente el Tribunal Supremo dictaba un auto por el que se inadmite el recurso de casación del Ayuntamiento, lo que se traduce en que toman firmeza las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el Juzgado de lo Social en relación al conflicto colectivo, que en su momento interpuso CCOO y que «habrá que ir afrontando en cuanto llegue esa firmeza»; por un lado, la cuantificación de las cantidades que corresponden al conflicto colectivo y, en segundo lugar, la repercusión a todos los planes de empleo posteriores a este conflicto de la convocatoria que se hizo en octubre de 2015.

Bellón ha explicado que, con posterioridad, salieron otras convocatorias, la de 2016, 2017, 2018 y la de zonas rurales deprimidas, que son las que ahora hay que cuantificar y afrontar.

La portavoz ha manifestado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento, desde Intervención y Tesorería, están estudiando ahora cómo se va a poder hacer frente a las cuantías derivadas de esta sentencia millonaria, un hecho a lo que se suma el hándicap del remanente negativo de tesorería, de 4,6 millones de euros, que también hay que gestionar. A todo esto, también hay que añadir una «previsible bajada de ingresos» en la ciudad, como consecuencia del parón económico que a nivel general ha producido la crisis del Covid-19.

El auto del Supremo se refiere al caso de 555 trabajadores implicados en ese conflicto colectivo, aunque la cuantificación global de todos los demás planes de empleo lleva a una cifra de en torno a los 14 millones de euros, que todavía está por concretar.

Responsabilidad del PP. La portavoz del equpio de Gobierno de TAlavera ha asegurado que «seguimos muy sorprendidos y perplejos» en relación a las declaraciones del portavoz del PP en la ciudad, Santiago Serrano, ya que «lejos de asumir su responsabilidad en este asunto, pretende defenderse atacando a la Junta de Comunidades», cuando esas convocatorias del Gobierno regional fueron «generales para toda la región» y que lo que hacían era encomendar a cada Ayuntamiento el desarrollo de sus planes.

En este sentido, ha detallado que eran los Consistorios los que tenían que hacer las bases para acceder a los Planes de Empleo, establecer las condiciones de trabajo, hacer los contratos y gestionar las nóminas. «Estas partes no correspondían a la Junta, sino al Ayuntamiento, que, en este caso, actuó con desidia, falta de compromiso, desorganización y con un proyecto sin autonomía ni sustantividad propia», ha criticado la portavoz municipal.

Del mismo modo, ha lamentado que el Partido Popular de Jaime Ramos y Santiago Serrano actuara «sin querer oír ni las advertencias de los sindicatos que estaban reclamando contra estas irregularidades, ni tampoco oír las recomendaciones de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo», que ya en 2018 puso por escrito que «lo que había que pagar era el Salario Mínimo Interprofesional, a no ser que en el convenio colectivo se hubieran contemplado cuantías superiores». Este tema quedó «meridianamente» claro por parte de la Junta al Ayuntamiento que, «no quiso oír ningún tipo de cuestión», ha concluido.

Operación de préstamo a medio plazo para hacer frente al remanente negativo

En otro orden, la portavoz municipal ha dado cuenta de la aprobación de la propuesta de adjudicación de la operación de préstamo a medio plazo por un importe de 3.350.000 euros. Se hará con la entidad bancaria Abanca, que ha contemplado un interés a cobrar «más ventajoso», con un 0,09%. Bellón ha explicado que se ha suscrito este préstamo, que se devolverá en un plazo hasta final de mandato, para «hacer frente al remanente negativo de tesorería de 4,6 millones de euros». Esta es una de las medidas que se suma a otras de contención que se están llevando a cabo desde las diferentes Concejalías para «hacer frente a esta situación negativa de la tesorería, que nos está dificultando mucho otras cuestiones».