El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, se mostró confiado en que las líneas básicas que Castilla-La Mancha defiende de cara a la negociación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que pasan por la convergencia de las ayudas y la eliminación de los derechos históricos, y que «probablemente sean las dos cuestiones de más difícil acuerdo», sean prioritarias en la negociación que el Ministerio del ramo va a abrir el próximo mes de julio con las comunidades autónomas.
Así lo aseguró Martínez Arroyo en declaraciones a los medios durante un receso del Consejo Consultivo de Política Agrícola celebrado este lunes, que servirá para preparar el Consejo de Ministros de Agricultura del próximo lunes, en el que el ministro español, Luis Planas, planteará las novedades en la negociación de la reforma de la PAC.
El consejero castellano-manchego, tras incidir en la necesidad de abrir «cuanto antes» el debate político a nivel nacional, indicó que el ministro se ha comprometido a hacerlo en el mes de julio. «Es importante que se haga cuando antes, nosotros nos jugamos mucho. Castilla-La Mancha hizo los deberes hace dos años y ese documento que nos sirve de base sigue siendo válido, tras validarlo Bruselas», indicó.
«Espero que en julio podamos plantear la posición de España en Bruselas. Para esa fecha, y bajo presidencia alemana se prevé tener la cantidad de recursos públicos a disposición del sector agrario para el próximo periodo de programación y es importante tenerlo cuanto antes y sentar las bases de lo que va a ser la negociación en España. Gran parte de lo que va a afectar a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha se va a decidir en Madrid, en una coordinación entre Ministerio y comunidades autónomas».
Dicho esto, el titular regional de Agricultura aseguró que el departamento que dirige Planas está de acuerdo con la «mayor parte de las cuestiones» que el Gobierno de Castilla-La Mancha está poniendo sobre la mesa, y que pasan por primar a los agricultores profesionales y apostar por la convergencia de las ayudas.
«Que cualquier agricultor del país cobre lo mismo por hectárea. Parece un análisis sencillo pero esto exige replantear la actual política que reconoce los derechos históricos de hace más de 20 años, que no son válidos», reiteró.