El proyecto de ley de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación ha pasado su primer examen en las Cortes y se mantiene la ‘hoja de ruta’ de sacar adelante este normativa antes de fin de mes (previsiblemente en el pleno del 24). La mayoría socialista ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por Ciudadanos, en la que la formación naranja criticaba su falta de transparencia.

¿Por qué Ciudadanos opta por esta medida en un tema -la normativa para la gestión de la crisis sanitaria- en el que ha ido siempre de la mano de la Junta? Según su portavoz parlamentario, David Muñoz, todo pasa por la opacidad del texto. Y es que, como denuncia, «las prisas no pueden ser excusa para adjudicar contratos sin transparencia».

En concreto, desde Ciudadanos se critica que esta norma prime la adjudicación negociada sin publicidad, un trámite que la propia UE «ha puesto en el punto de mira» por su predisposición a facilitar los contratos «a amigues»; los convenios de colaboración,  en duda por el Tribunal de Cuentas; y  las subvenciones de adjudicación directa, o « dedo», según  las califica Muñoz. «Quieren convertir estas medidas extraordinarias en lo ordinario».

En este sentido, la formación naranja plantea la creación de una agencia independiente para la gestión de estos fondos, cuyos miembros sean elegidos con un apoyo de dos tercios en las Cortes, y cuya ‘vida’ se circunscriba al calendario de ejecución de estos fondos, ni un minuto más.

Asimismo, reclama la puesta en marcha de un portal de transparencia específico para estos fondos. Y para ello cita como ejemplo el hecho de que la Junta hable de «más de 500 proyectos presentados» y «nadie fuera del Gobierno ha visto ninguno, solo conocemos los números».

«Apostamos por quitar barreras burocráticas, pero esto no es excusa para quitar controles o darle una pátina de politización a estos fondos», que «a quien tienen que llegar es a las familias y las empresas», concluye.

El consejero de Hacienda, Juan Antonio Ruiz Molina, ha sido el encargado de defender este proyecto de ley, al que define como «una norma fundamental» para el conseguir «un control más ágil y eficiente de los fondos que llegarán a Castilla-La Mancha para hacer frente a los efectos de las crisis económica». O lo que es lo mismo, una marco extraordinario para ajustar la normativa autonómica a los «breves plazos»  planteados por la UE para «contraer el gasto y ejecutar» los proyectos que se financiarán con este dinero.

Es por ello que Ruiz Molina niega la mayor e insiste en que este proyecto tiene un «alto nivel de seguridad jurídica». Ha sido redactada por  técnicos y su ejecución correrá a cargo de funcionarios con «cuarenta años de experiencia en la tramitación de fondos europeos», explica.

El consejero carga tintas en este sentido contra la creación de una agencia especifica para la gestión de estos fondos. Una medida que, a su juicio,  muestra una inmerecida desconfianza de Ciudadanos al buen hacer de los empleados públicos. «Se les ve aquí el plumero liberal», «el Gobierno de Castilla-La Mancha ha optado por afrontar este reto con estructura propia, apostamos por la profesionalidad de la Administración regional», insiste en su defensa de esta normativa.

Además, defiende que esta propuesta «copia» muchas de las medidas ya aprobadas en otras comunidades autonómicas. Y lanza aquí una pulla tanto a Ciudadanos como al PP, al recordar que la normativa ya en marcha en Andalucía no incluyen ninguna de las exigencias planteadas por la formación naranja en su texto alternativo, que gobierna en Sevilla en coalición con los ‘populares’.

En cuanto a las criticas por el «abuso» de procedimientos como la adjudicación negociada sin publicidad o las subvenciones en concurrencia no competitiva, Ruiz Molina explica que ambos procedimientos se contempla en la normativa estatal básica y su uso se enmarcará en «la imperiosa urgencia».

Como conclusión, el consejero se remite a un refrán, «se cree el ladrón que todos son de su condición» y, en alusión a las últimas noticias sobre la imputación de la expresidenta del PP, María Dolores de Cospedal, recalca «que el PSOE ha gestionado muchos años Castilla-La Mancha y no hay ni un caso de corrupción». 

Desde el PP se insiste en que este proyecto «nos deja más sombras que certezas, de hecho, a la vez que critica el hecho de que la mayor parte de las comunidades «tienen aprobadas desde hace meses» herramientas para la gestión de estos fondos. Es decir, la propuesta de la Junta llega tarde y «no hay por donde cogerla».  Asimismo, los ‘populares’ vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad que esta normativa de gestión de los fondos pueda suponer «una subida de impuestos por la puerta de atrás», a la imagen de lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez.