Pequeño paso adelante judicial para solventar el problema del amianto en el entorno del arroyo Ramabujas, en el barrio del Polígono. La Junta de Comunidades recibió el pasado miércoles, 20 de noviembre, autorización judicial para actuar en una de las parcelas privadas afectadas por el vertido de amianto en el barrio del Polígono.
En concreto, se trata de los terrenos propiedad de la familia Torrejón, que pleiteó contra el Ejecutivo regional en su día para impedir su entrada en la finca y, que finalmente, no ejerció su responsabilidad de limpiar este espacio. Hecho que ha determinado la actual decisión del tribunal de permitir el acceso subsidiario de la Junta a los mismos.
Así lo avanzaba ayer el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que destacó en rueda de prensa que Castilla-La Mancha lleva gastados casi 3,7 millones de euros en trabajos de retirada y sellado de amianto en terrenos en este barrio toledano.
Con todo, el Gobierno regional tiene ahora sesenta días para actuar en la zona y, como avanzó Escudero, su intención es la de iniciar los trabajos «esta misma semana». Para tal fin, la Junta tiene previsto invertir en torno a 265.780 euros, si bien aún no ha determinado si procederá a retirar los restos de amianto, como viene reclamando el movimiento vecinal, o, por el contrario, sellarlos y dejarlos en el sitio. «Hasta que no empecemos a trabajar en la zona no lo sabremos», concluyó el consejero.
Antecedentes. Esta sentencia viene precedida de una falsa alarma y puede abrir el camino para otras intervenciones que tanto han reivindicado los vecinos del entorno (tanto la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’, como la Plataforma Mi Barrio sin Amianto). Fue el pasado 28 de junio cuando la Junta comunicaba que ya tenía autorización judicial para retirar el amianto de las parcelas privadas, incluso adelantó a los residentes del entorno que comenzaría en septiembre con los trabajos.
Sin embargo, pasó el verano y estos no empezaban, por lo que ambas entidades vecinales comenzaron a hacer preguntas. A la postre, el 17 de septiembre, una vez producido el cambio de Gobierno, las expectativas creadas unos meses atrás se fueron al traste. La Viceconsejería de Medio Ambiente y la empresa encargada de los trabajos, Tragsa, informaron a los vecinos de que se había producido una reinterpretación de la sentencia, y la Junta carecía de permiso para entrar en las parcelas privadas. Era cierto que en mayo, los técnicos interpretaron en un pronunciamiento que ya había autorización judicial para hacerlo, con lo que podrían comenzar a trabajar en septiembre; pero una reinterpretación de un jurídico apuntó que hacía falta otra nueva autorización del mismo Juzgado.
Como desde mucho antes, los vecinos volvieron a pedir celeridad en el proceso y reiteraban este problema se tiene que tratar como un asunto de salud pública, para el que no es necesario permiso judicial.