Las informaciones ofrecidas por el equipo de Gobierno municipal sobre el estado de tramitación de la tan anunciada actualización del Plan Especial del Casco Histórico (redactado en 1997) son mínimas a pesar de la relevancia de la iniciativa para los vecinos del Casco.
Por ello, y puesto que la formación «tampoco ha recibido ningún dato» al respecto, José María Fernández aprovechó este silencio administrativo para proponer -«espero que cuente con la participación de partidos políticos y residentes»- un modelo diferente al establecido hasta la fecha que prima «a las grandes empresas y que no fija población».
Ante este panorama que no garantiza la «convivencia entre los vecinos y el desarrollo turístico», el portavoz de Izquierda Unida instó los responsables municipales «no ha actualizar el Plan Especial del Casco Histórico, sino más bien a renovarlo por completo» para trabajar «algunos aspectos de forma conjunta». Intervenciones que, a su juicio, deben pasar por la redacción de un documento que «posibilite la convivencia social en un Casco cada vez más turistificado que apenas mira a sus vecinos».
Para lograr este objetivo, Fernández abogó por priorizar el bienestar de los residentes, apoyar al pequeño comercio, y mejorar la cobertura y el acceso a las nuevas tecnologías. Dinámica que se aleja de un modelo en el que «se inauguran establecimientos en las grades superficies, que matan al pequeño comercio, y se conceden subvenciones -vía Consorcio- para la rehabilitación de viviendas en un Casco que, sin embargo, sigue perdiendo población». Falta de concordancia que alude a que «las subvenciones del Consorcio no acaban en el residente», razón por la que instó a «controlar estas ayudas destinadas a determinados edificios». Todo porque «los datos de rehabilitaciones de vivienda no coinciden con los registros de despoblación», y si «se rehabilita y no de habita, algo se está haciendo mal».
Una tasa asequible. En este sentido, y sabedor de que el establecimiento de los servicios públicos requiere de recursos económicos», el portavoz de IU en el Ayuntamiento avanzó que están trabajando «en la redacción de una ley» que, en próximas fechas se registrará en el ámbito regional, destinada a invitar al Gobierno regional a «elaborar una normativa que contemple la implantación de una tasa turística». No en vano, es necesario «legalizar» esta tasa gestando una ley en el ámbito autonómico «que garantice el cobro de la misma y la reversión finalista de lo que se quiere hacer con ella».
Con esta pretensión, justificó la idoneidad de la propuesta porque «oscilaría entre los cincuenta céntimos y los dos euros» que se cobraría en establecimientos hoteleros con precios «de pernoctación elevados» en los que «a nadie le va a importar pagar dos euros más por visitar Toledo».
Además, recordó Fernández que «sin esta tasa, es probable que la inversión extraordinaria del Casco, de un millón de euros para 2020, salga del bolsillo de los ciudadanos, cuando perfectamente podría proceder de quienes visitan la ciudad».