El PSOE y el PP han defendido este viernes su pacto para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, pese a las críticas al perfil de los elegidos y a los reproches de Vox y de Ciudadanos por repartirse estos órganos.

La resaca del mayor pacto de la legislatura entre el PSOE y el PP ha dejado además un emplazamiento mutuo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde sin embargo las posturas siguen alejadas.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el número dos de los populares, Teodoro García Egea, terminaron de coser a última hora del jueves un acuerdo que permitirá renovar a cuatro miembros del Tribunal Constitucional, donde se mantiene la mayoría conservadora, elegir a los doce miembros del Tribunal de Cuentas y nombrar a un nuevo Defensor del Pueblo, que será Ángel Gabilondo.

Algunos de los nombres pactados para el Constitucional han suscitado polémica. Es el caso de Concha Espejel, apartada del caso Gürtel por su afinidad al PP, y Enrique Arnaldo Alcubilla, que ha colaborado con FAES.

O del progresista Ramón Sáez Valcárcel, uno de los nombres que en Podemos citan como propios, que fue vocal del CGPJ a propuesta de IU y es autor de la sentencia absolutoria por bloquear el Parlament de Cataluña en 2011. La cuarta magistrada que renovará el Constitucional es Inmaculada Montalbán, experta en violencia de género y apuesta del PSOE en 2018 para el CGPJ.

Vox ha reprochado la inclusión de Sáez Valcárcel en el Constitucional. Ha asegurado que "ya nadie" cree al PP, "fotocopia barata del PSOE", cuando clama "por la independencia judicial" y Ciudadanos ha denunciado "un conchabeo" que a su juicio beneficia a "separatistas y a Podemos" por mantener en el Tribunal de Cuentas a la "única magistrada que se mostró en contra de perseguir a separatistas".

Por contra, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho ser "poco optimista" respecto a un Constitucional de "mayoría conservadora" tras la "deriva absolutamente centralizadora" de "los últimos años", mientras que ha considerado al Tribunal de Cuentas, un tribunal "ideológico" y "capturado" por el PP.

Asociaciones judiciales como la Francisco de Vitoria han calificado de inquietante que se repitan "vicios del pasado" y la renovación del TC sea fruto de una "negociación opaca al margen del Parlamento en la que parece que el mérito y la capacidad no han sido los elementos primordiales".

Pese a las críticas, el líder del PP, Pablo Casado, ha recalcado que la trayectoria de los elegidos está "fuera de toda duda", mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apuntado que "cada partido se hace responsable de a quién está proponiendo".

Desde Unidas Podemos no han criticado los nombres elegidos y por contra han puesto el sello morado al acuerdo, cuando su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ha señalado en TVE que el pacto es la prueba de que "el PP mentía" y sí puede alcanzar pactos de los que formen parte los morados.

El PP mantiene en cambio que únicamente ha negociado con el PSOE y los socialistas han explicado que durante la negociación estuvieron en "permanente contacto" con su socio de Gobierno.

El resto de los grupos han quedado fuera de la negociación, pero el Congreso ha abierto ya el plazo para que todos puedan presentar sus candidatos, aunque tras el pacto PP-PSOE tienen nulas posibilidades de ser apoyados, por lo que previsiblemente no se registrará ningún nombre.

Renovar el CGPJ

Tras este pacto, ha llegado el emplazamiento a lograr un entendimiento también en el CGPJ. Lo ha reclamado primero Casado y después Pedro Sánchez, que tras la cumbre europea ha apuntado que el acuerdo demuestra la "sinrazón del bloqueo". "Cuando los dos queremos bailar, podemos bailar", ha afirmado.

Sin embargo, las posiciones no se mueven. El PP pide que para renovar el órgano con el sistema vigente antes se pacte una reforma que modifique el sistema de elección para que en el futuro los jueces elijan a los jueces, mientras el Gobierno defiende el sistema vigente desde 1985 que deja en manos de una mayoría parlamentaria de tres quintos la renovación.

Pese a estas discrepancias, las principales asociaciones judiciales esperan que el acuerdo de PSOE y PP para renovar el resto de órganos empuje a que se logre también para el Poder Judicial, pendiente desde hace casi tres años.

Es urgente a juzgar por la advertencia de "colapso" que ha lanzado el Supremo, que tras la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos, tiene 11 de sus 79 plazas sin cubrir y ha advertido de que no renovar las vacantes llevará a una situación "insostenible" que implicará que se dicten "mil sentencias menos al año".