José Cuenca (Iznatoraf, Jaén, 1935) lleva años compaginando la diplomacia con la escritura. Fue embajador en Bulgaria, la Unión Soviética, Grecia y Canadá, país en el que conoció a fondo el movimiento independentista de Quebec, que ahora analiza como contrapunto al catalán en Las mentiras del separatismo (Cataluña y Quebec). Hoy recuerda que, en aquel país, el primer ministro le comentó que «la ineludible obligación de cualquier responsable político es mantener la unidad y la integridad territorial de su país», una idea que trae a la actualidad a tenor de la situación política y que debería considerar el nuevo Gobierno recién salido de las urnas ante el conflicto político catalán. 

¿Se han olvidado los políticos de ambos lados de todos aquellos a los que dedica este libro, los millones de catalanes que también se sienten españoles?

La respuesta es sí. Esos millones de catalanes que también se sienten españoles son los grandes olvidados. Y no solo olvidados sino, como hemos visto hace unos días, agredidos, insultados y escupidos. Algo intolerable en una Cataluña que es de todos y no solo de los del lacito amarillo, que se han apoderado de la calle y de las instituciones. 

¿Hay más falacias que verdades en el discurso independentista?

En el catalanismo, hoy fagocitado por los separatistas, puede haber verdad. En el separatismo solo hay odio, violencia y falsedad. En Cataluña es preciso reinstaurar el Estado de derecho y el imperio de la ley. Es decir, la democracia. Algo que no existe en el Gobierno xenófobo y supremacista del señor Quim Torra que, como todas las autocracias, se asienta en dos pilares: el miedo y la mentira.

Habla de las seis grandes mentiras del separatismo. ¿Cuál piensa que es la más flagrante?

En mi libro anoto solo seis grandes mentiras, pero hay muchas, muchas más. Al rebatirlas, me he limitado a consignar las más perniciosas y dañinas. No sabría decirle cuál es la más flagrante. 

¿Considera que se ha tocado ya techo en la crisis política catalana? ¿Hasta cuándo se puede seguir sosteniendo un discurso basado en el miedo y el engaño? 

Creo que sí, que se ha tocado techo. Al igual que en Canadá. En Quebec, los secesionistas han pasado de tener 80 diputados en la Asamblea Nacional de la provincia a solo 10. En Barcelona van por el mismo camino. Es solo cuestión de tiempo. Y es que la independencia de Cataluña, amén de otros problemas, no tiene cabida en el proyecto europeo y los separatistas ya lo saben. Por eso han recurrido a la violencia, la última razón de quienes no tienen razón.

¿Cómo debería afrontar el Gobierno que acaba de salir de las urnas esta situación?

Con una idea muy clara en mente: que, como me comentó el primer ministro canadiense, la ineludible obligación de cualquier responsable político es mantener la unidad y la integridad territorial de su país. Después, viene todo lo demás. 

¿Considera que la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna podría ser una vía para reconducir la situación? ¿Cree que fue correcto su uso el año pasado o que se incurrió en errores? 

El artículo 155 es una norma plenamente democrática, copia casi exacta del artículo 37 de la Ley Fundamental alemana. En España, el Gobierno lo ha aplicado solo en una ocasión. Hoy todos sabemos que se hizo tarde y mal... 

El modelo catalán y el de Quebec poco tienen que ver. ¿Es el ejemplo canadiense el clavo ardiendo al que se aferran los secesionistas?

En lo que atañe al separatismo, la diferencia sustancial entre Canadá y España es que allí es posible la secesión de una provincia, Quebec o cualquier otra, por una sola razón: porque lo permite la ley. Algo que no sucede aquí ni en ninguna de las grandes democracias occidentales, como Francia, Estados Unidos o Alemania.

En cualquier caso, allí hubo dos referendos de independencia en los que se votó no a la escisión de Canadá. Y también lo hubo en Escocia, que hoy sigue formando parte del Reino Unido. ¿Son las urnas la solución?

Decir que «Madrid tiene fobia de las urnas» es, como sostengo en el libro, «una tontería de parvulario», que no valdría la pena refutar. Porque los catalanes han ido a las urnas, desde la recuperación de nuestras libertades, en más de 40 ocasiones. Pero eso sí, dentro de la legalidad, no con referendos infumables e ilegales (sin censo, sin control democrático, sin mesas con presencia de todos los partidos, sin escrutinios fiables), como el del 1 de octubre de 2017.

La Constitución española contempla «la indisoluble unidad de la Nación española». ¿Es este el mayor límite para los aspirantes a la independencia? ¿Llegar hoy en día a un consenso para modificar este aspecto es casi más quimérico que la propia autodeterminación?

Tenemos una Constitución que nos ha asegurado cuatro décadas de democracia, libertad y paz social. Su reforma es posible, claro está, y a ella se consagra el Titulo X de nuestra Carta Magna, pero ese cambio ha de buscar el interés general, no las exigencias de unos pocos. Por eso deberá ser aprobado por los dos tercios del Congreso y el Senado, y ser luego refrendado por todos los españoles. Y subrayo lo de todos.

Pide que se rectifiquen los errores del pasado para que llegue la concordia y se restablezcan los intereses compartidos. ¿Cómo se puede hacer posible esto en el escenario actual?

Solemos usar poco la primera persona del verbo rectificar. Pero hay que hacerlo, en Madrid y en Barcelona. Y dar vida a un proyecto de futuro capaz de ilusionar a Cataluña, basado en la concordia y en esos intereses compartidos que usted cita. Un diseño fecundo, realista y solidario que corrija los errores del pasado y reconozca la singularidad de esa Comunidad, que es real, dentro de la unidad de España. 

Yo espero que se logre. Y que algún día se supere la fractura que ahora existe, catalanes contra catalanes, y todos puedan vivir juntos, en paz y libertad.