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Vidas urbanísticas paralelas, las de Toledo y el municipio conquense Villar de Olalla. Con una diferencia notable: el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la recaudación procedente de este tributo. Mientras Toledo giró como urbanos los recibos del IBI a los propietarios del suelo calificado como urbanizable tras la aprobación del POM y de la nueva ponencia de valores, Villar de Olalla nunca lo hizo. «Siempre hemos cobrado como rústicos», explica a La Tribuna el alcalde de la localidad, el socialista Santiago Valverde, quien defiende que hizo «lo justo» argumentando que «se trata de terrenos sin desarrollar, en los que no se había iniciado ninguna obra y tampoco tenían ningún servicio».

«Solo cobramos contribución urbana a aquellos planes que tuvieron algún desarrollo, al resto no. Les seguimos pasando el IBI rústico porque no tienen calles, agua, ni electricidad porque es suelo en algunos casos agrícola en el que había previsto un desarrollo que no se ha producido», insiste el edil. Un IBI rústico y, por tanto, mucho más barato.

Valverde ha aplicado en su pueblo el criterio defendido en Toledo por la Plataforma de Afectados por el impuesto. Unos 300 propietarios de terrenos rústicos, principalmente jubilados, agricultores y pequeños empresarios del Polígono, Santa Bárbara y Azucaica que han denunciado insistentemente la falta de «sensibilidad municipal» con el cobro de recibos de IBI que han oscilado entre los 6.000 y los 80.000 euros cada año desde 2008. Un cobro que ha derivado en algunos casos en el embargo de terrenos, nóminas e incluso pensiones.

El alcalde de Villar de Olalla prefiere no valorar el caso al no conocerlo «de primera mano» pero insiste en la decisión que su Ayuntamiento tomó: «optamos por dejar las unidades como estaban al no haber desarrollo».

A pesar de eso, Valverde se refiere a las similitudes urbanísticas -a pesar de las grandes diferencias en materia poblacional y de servicios- entre su pueblo y Toledo. Hay que recordar que el POM de la capital regional y del municipio situado a menos de diez kilómetros de Cuenca han ido parejos desde el principio. Ambos se aprobaron en 2007 y ambos han sido tumbados por Tribunal Supremo en 2014 por idéntico motivo: «la modificación sustancial» del plan de desarrollo urbanístico sin sacar por segunda vez a exposición pública.  

La modificación sustancial a la que se refiere el Alto Tribunal en el caso de Toledo tiene que ver con la incorporación de 20.000 viviendas, al pasar de las 30.000 inicialmente previstas a las 50.000 del final del proceso. Esto supuso que muchos terrenos rústicos pasaron a tener la calificación de urbanizables.

Tanto en Villar de Olalla como en Toledo fueron vecinos quienes recurrieron a los tribunales contra sendas planificaciones urbanísticas. La capital regional sumó siete sentencias contrarias al POM del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por no sacar a información pública tras realizar una «modificación sustancial».

Tanto Villar de Olalla como Toledo recurrieron al Supremo, que en ambos casos  desestimó todos los motivos de casación formulados por la Junta y los ayuntamientos. El municipio conquense recibió la sentencia el pasado diciembre, un fallo que se convirtió en el precedente de lo que ocurriría en la capital regional el pasado 27 de febrero.

La desestimación del recurso interpuesto contempla una sanción de 4.000 euros para Villar de Olalla, las costas del juicio, que, según el alcalde, pagarán el Consistorio y el Gobierno regional a partes iguales.

Valverde explica que «recibió con preocupación» el dictamen judicial, añadiendo que tras varias reuniones con el coordinador de la Consejería de Fomento que asesoró al municipio con el POM, decidieron no recurrir al Constitucional, aunque elogia la valentía de García-Page al hacerlo. «Me parece bien que defienda su Ayuntamiento», manifiesta.

En cualquier caso, lo que más le preocupa al regidor es los costes que supondrá rehacer su Plan de Ordenación, ya que el anterior supuso un gasto de unos 30.000 euros. Una cantidad importante para un municipio pequeño, cuyo presupuesto anual no llega al millón de euros, Por eso, espera que la Junta de Comunidades «ayude»  con el pago. Hoy mismo se reúne con técnicos de Fomento.