La empresa estatal Tragsa ha elevado a 40.000 euros el presupuesto de demolición que tendrán que abonar los pobladores del antiguo de pueblo de Fraguas por las construcciones que han llevado a cabo. Se trata de una propuesta que ahora tendrá que aprobar la Junta de Comuniades de Castilla-La Mancha.

Así lo ha asegurado el colectivo de Fraguas en declaraciones a Europa Press, que ha mostrado su disconformidad con esta propuesta y ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que no apruebe este presupuesto porque incluye "irregularidades", aludiendo a que el coste lo elevan ahora a 40.000 en vez los 26.000 inicialmente previstos porque incluyen obras posteriores.

Este colectivo ha asegurado que entre los edificios que contempla Tragsa para demoler figuran algunos posteriores a la condena por lo que son obras que "no aparecen detalladas en la sentencia" y por ello, "su demolición en caso de producirse sería ilegal y extrajudicial".

De igual modo, el colectivo de Fraguas ha alertado de que "la demolición se va a realizar por medios mecánicos no selectivos, entrando con maquinaria pesada en una zona protegida como parque natural". De ahí que haya exigido que se elabore un informe sobre el impacto ambiental y daños sobre el patrimonio que la demolición causaría.

En un comunicado señala, igualmente, que, "en contra de la condena que establece con claridad que la demolición debe ser exclusivamente de lo reconstruido" ahora "quieren demoler hasta ruinas del antiguo pueblo que existían previamente".

Los encausados e integrantes de este proyecto siguen manifestando que no van a pagar la demolición "para borrar definitivamente del mapa un pueblo que data al menos de 1749", y que a su juicio fue expropiado "forzosamente y de forma irregular en el franquismo".

Han asegurado igualmente que el proyecto que llevan a cabo ellos es un proyecto joven de repoblación sostenible "a coste cero" para la administración en una de las zonas más despobladas de Europa.

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