Que los muros limitan es algo incuestionable y en  muchos casos derribarlos es una tarea imposible. En esta situación se encuentra el Palacio de Justicia de Toledo, ubicado en la calle Marqués de Mendigorría, un edificio aparentemente de buen tamaño que alberga los juzgados y otros servicios ligados a la administración de Justicia desde hace quince años, que se ha quedado pequeño a pesar de que en su momento se proyectó contando con espacio de reserva atendiendo a posibles previsiones de crecimiento.

La puesta en marcha de dos nuevos juzgados el pasado 1 de octubre, el de Primera Instancia e Instrucción número 9 y el cuarto de lo Social, vuelve a colocar en una compleja situación a un edificio que está aprovechando  los espacios como puede y echa en falta más metros desde hace tiempo a pesar de que aún mantenga en bruto parte de una planta bajo cubierta. «Estamos sin espacio de nada y nos estamos apañando como podemos», explicaba a La Tribuna el juez decano de Toledo, José Ramón Bernácer días antes del estreno de los dos juzgados en la capital.

No era la primera vez que hablaba de las necesidades de espacio. La entrada en funcionamiento del octavo juzgado mixto el año pasado puso de manifiesto que se están agotando los metros cuadrados disponibles, a pesar de que el edificio se planificó en su momento para acoger tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción más de los siete que había en 2005 y un órgano más de reserva para cada una de las jurisdicciones, incluido el de Menores, pero los cálculos se quedaron cortos.

El juez decano ya lo dejó caer durante las obras de acondicionamiento en esa última planta y este nuevo juzgado, que comenzó su actividad el 31 de octubre de 2020, cinco meses más tarde de lo previsto tras las obras de acondicionamiento, comparte zona con la Fiscalía y el sexto juzgado mixto. Y ya en esa fecha Bernácer apuntó que la entrada de nuevos órganos tendría que acomodarse en las dos primeras plantas del edificio ya ocupadas, con lo que habría «que hacer hueco entre unos y otros».

De esta forma, el Palacio de Justicia se está viendo obligado a intentar encajar los juzgados como si de un tetris se tratara y aún así hay algunas piezas que no terminan de encajar, como ocurre con el Registro Civil, que ha tenido que mudarse a una sala de vistas para la entrada de los dos nuevos juzgados hace días. Si bien, en su lugar ha ido a parar el servicio común de notificaciones y embargos, con lo que el espacio de este último se ha reservado para el noveno juzgado mixto. Además, también ha sido necesario absorber un archivo para ganar espacio.

Sin embargo, los cambios no se han encajado bien. El Registro Civil, que se encontraba en el sótano con unas dependencias amplias ha pasado a una sala de vistas que sin ventilación ni luz natural. A pesar de que se ha tratado de acondicionar esta nueva ubicación ofrece dificultades para llevar a cabo el trabajo, puesto que el archivo del Registro Civil no se ha podido mudar a su lado, con lo que se pierde la inmediatez en la atención y en los trámites al haberse situado en otra planta distinta.

Un problema anunciado. El problema de tamaño del Palacio de Justicia ha pasado desapercibido en los últimos años, pero se sabía desde  su inicio. Los juzgados comenzaron a operar allí en 2006, meses antes de la inauguración oficial celebrada el 3 de mayo, que contó con la presencia del ministro de Justicia en aquellas fechas, Juan Fernando López Aguilar. Ese día marcaba el final de la dispersión y de deficiencias de los órganos judiciales en la ciudad, ya que durante años estuvieron en un edificio en Gerardo Lobo y más tarde pasaron a las instalaciones de la Escuela de Hostelería, en el Polígono, sin poder albergar el Instituto de Medicina Legal, ya que la sede de los forenses estaba en la Avenida de la Plaza de Toros.

El nuevo edificio prometía, asentado en los terrenos de la antigua cárcel de Covachuelas, prometían la solución definitiva con una superficie construida de 12.400,80 metros cuadrados, pero antes del estreno ya hubo voces que alertaron de que faltaría espacio a medio plazo a medida que se creciera en juzgados. Así lo dijo claramente el presidente de la Audiencia Provincial entonces, Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro. También  el  juez decano de Toledo en aquellos momentos, Juan Ramón Brigidano, comentó que en el edificio faltaba una sala de vistas amplia para celebrar juicios que lo exigieran, como el del vertido de fuel de la central de Aceca, que finalmente se celebró en la Audiencia de Toledo porque en las nuevas instalaciones no cabían tantos abogados.

Pese a todo, los problemas de espacio del edificio no han tenido relevancia hasta ahora  y no han sido un asunto para que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha lo llevase en la memoria anual de actividad, que refleja las carencias de infraestructuras y las necesidades en los juzgados. La petición reiterada año tras año ha sido la falta de un edificio para albergar el Instituto de Medicina Legal en la ciudad a pesar de  que Justicia tiene cedidos los terrenos en la calle Dinamarca y Justicia tenía en mente levantarlo desde hace años.