Prevención, protección y amparo a las víctimas. Tres pilares fundamentales en la lucha contra la violencia de género. Tres retos para continuar visibilizando esta lacra y un buen horizonte para que los estamentos políticos y sociales fijen sus objetivos para erradicar este mal de la sociedad. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género analiza una vez más los datos relativos al segundo trimestre del año y los números continúan reflejando «que las víctimas se merecen la unidad de todos», como asegura la presidenta de este órgano, Ángeles Carmona, tras valorar positivamente el incremento de órdenes de protección, una mayor implicación de las familias a la hora de denunciar delitos de violencia de género y un aumento en la cifra de condenas.

En este caso, Toledo también sigue la misma tendencia que ha resaltado Carmona para este segundo trimestre, un aumento en las condenas y una bajada de denuncias acompañada por un menor número de mujeres víctimas. La estadística trimestral resalta que los  tribunales han juzgado a 60 acusados de delitos de violencia de género y se han dictado un 80% de sentencias condenatorias, un 4,4% más que el trimestre anterior. En total se enjuició a 60 acusados y se absolvió a una docena.

«No hay impunidad posible». Así lo resume la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, ya que se ha ido consolidando a nivel nacional un aumento en el porcentaje de condenas respecto al año pasado, como demuestran el hecho de que de las 13.352 sentencias penales, prácticamente el 70% sean condenatorias. Este segundo trimestre también resulta muy positivo en este sentido si se toma en consideración su variación interanual, ya que  registra una subida del 7,9% de sentencias condenatorias respecto al  año pasado.

En cuanto a las órdenes de protección dictadas, que registran  un aumento en general según el informe trimestral, los juzgados de Toledo se mantienen respecto al primer trimestre. Se solicitaron 121 medidas entre abril y junio -una más que entre enero y marzo- y se adoptaron el 68,5%. Si bien, Toledo no alcanza la media nacional, situada en el 70,4%. Carmona incide en su lectura de los datos en una mayor concienciación de las víctimas y sus familiares a la hora de denunciar y de acercarse a los tribunales y también de una mayor «sensibilidad en la respuesta institucional».

denuncias. Este informe trimestral suele colocar siempre el foco en la cantidad de denuncias que reciben los tribunales. En este caso, la provincia de Toledo va de la mano de la media nacional, con una caída general de más del 3,7%. En el caso de los juzgados toledanos, de abril a junio se interpusieron 460 denuncias, una bajada del 8,3%. Sin embargo, en cifras interanuales, los resultados no siguen la misma línea, puesto que en este segundo trimestre han crecido un 6,9% respecto al mismo periodo de 2018.

Las denuncias se han convertido en uno de los factores que más se usan para evaluar la incidencia de la violencia de género, a pesar de que el hecho de que haya más o menos no tiene que ir de la mano de la cantidad de delitos y de víctimas que sufren esta n grave problemática.

En este caso, la presidenta del Observatorio valora el descenso de denuncias en relación al primer trimestre y llama la atención sobre la implicación de los familiares, ya que se observa que ellos han interpuesto más denuncias que en trimestres anteriores aunque todavía es insuficiente. En Toledo, únicamente en el 11,5% de las denuncias son lideradas por familiares, pero lo más habitual es que lleguen a los tribunales mediante atestados policiales con denuncia de la víctima.

Los operadores jurídicos llevan tiempo preocupados por las renuncias de las víctimas a continuar durante el procedimiento -la mayor parte por dependencia emocional hacia el agresor- ya que precipita su archivo. A pesar de que no son muy numerosas, los jueces suelen alertar sobre esta situación que origina la finalización del caso puesto que resulta muy complicado que se produzca una prueba de cargo. En este segundo trimestre 151 mujeres se acogieron en España a la dispensa legal a la obligación de declarar, de las cuales únicamente hubo 18 casos en Toledo, cuatro más que en el primer trimestre, lo que implica una ratio del 0,04 en relación al número de denuncias.