Izquierda Unida ha reclamado al Gobierno de Castilla-La Mancha que siga manteniendo la residencia y las viviendas tuteladas de Afaem en las localidades toledanas de Torrijos y Camarena, además de gestionar dichas instalaciones de forma directa y cien por cien pública.
La formación de izquierdas ha explicado en nota de prensa que el presidente de la Asociación de Familiares y Amigos y Personas con Problemas de Salud Mental (Afaem) anunció el cierre de estos centros a final de año debido a su inviable situación económica.
"En unas semanas las personas que se encuentran en las residencia y viviendas tuteladas de Camarena y Torrijos tendrán que marcharse de estas instalaciones y unos 28 puestos de trabajo se perderán por la inacción del Gobierno de Emiliano García-Page", ha lamentado el diputado provincial de Unidas Izquierda Unida-Podemos, Mario García.
Dicho esto, ha señalado que la única salida a este conflicto es que la Junta de Comunidades "se haga cargo de estos centros y que ofrezca este servicio de forma pública y directa, ya que es la única forma de que estas plazas y los puestos de trabajo se sigan manteniendo".
Por su parte, el coordinador local de Izquierda Unida de Torrijos, Daniel Velasco, ha explicado que "la decisión de echar a la calle a estas personas es exclusiva de la Consejería de Sanidad y del Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que ellos mismos pueden solucionar este problema y hacerse cargo de esta residencia, las dos viviendas tuteladas y de los trabajadores que aquí se encuentran, gestionándolo directamente".
Además Velasco ha explicado que "no es normal que en medio de una pandemia mundial, en el mismo momento que estamos viviendo una segunda oleada del virus, la administración regional esté mirando hacia otro lado y no asegure a estas personas poder seguir viviendo en esas residencias y tengan que buscar otro sitio de forma tan repentina, además de dejar a todas las personas que trabajan en estas instalaciones en la calle".
"No es el mejor momento para reubicar a estos residentes, ni tampoco para echar a la calle a unas 28 personas que van a perder su trabajo", ha concluido.