Sin sorpresas tras el debate, el Pleno del Ayuntamiento de Toledo, con los únicos votos a favor del PSOE, la abstención de IU-Podemos y la oposición de PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito, aprobó ayer los impuestos, tasas y precios públicos que regirán durante el próximo ejercicio fiscal. La concejal de Hacienda, Mar Álvarez, defendió su proyecto exento de rebajas de impuestos (salvo algún euro en vehículos y una modificación de última hora para las herencias) introduciendo un nuevo concepto, «la senda de gasto» que por lo visto es pariente de la regla (de gasto) y es la que hace imposible a un Gobierno local reducir la presión fiscal sobre sus vecinos porque si minora los ingresos tienen que cerrar o mutilar servicio públicos en esa misma cantidad. Curioso cuando en su discurso dijo literalmente que la gente se puede preguntar «si tiene superávit y no sabe qué hacer con él para qué quiere más». Pues eso. El Ayuntamiento de Toledo no gasta lo que le sobra pero sigue recaudando cada año más.
La portavoz del PP, Amparo Granell, y el de Ciudadanos, Esteban Paños, por el contrario, creen que se puede y se deben bajar los impuestos y por lo menos congelar algunas las tasas sin necesidad de dañar los servicios públicos sino simplemente repercutiendo sobre ese superávit, es decir, sencillamente que cada año sobre menos dinero.
Ambos partidos lamentan que Toledo capital sea una de las tres ciudades que más castigan a sus vecinos con impuestos. Paños subraya que el Ayuntamiento saca a cada toledano de derecho 842 euros y opina que con estas cifras «no hay justicia fiscal». Además recalca que la propia concejal de Hacienda acaba de explicar que se pueden bajar impuestos imputándolo al ahorro (el facturas de luz o licitaciones), de forma que es solo cuestión de voluntad política.
José María Fernández, de UP, dice que ellos no quieren bajar impuestos, como mucho que paguen más los que más tienen y propone un IBI progresivo en función de la renta y el valor catastral de la vivienda. Por otro lado insiste en defender una tasa turística y afirma que su actual propuesta «no es ilegal» (los funcionarios del Ayuntamiento advirtieron en la Comisión que no hay cobertura legal y si se aprueba tal cual lo expone en su enmienda acabará en pleito y se perderá, pero el concejal insiste en que es legal, pues vale).
Luis Miguel Núñez, concejal no adscrito (ex de VOX que sigue sin representante porque no llega el acta de la Junta Electoral) entiende que el proyecto de ordenanzas fiscales es muy escaso y reprocha al Gobierno que no haya tendido la mano a la oposición. SI el PSOE varía esa actitud, de cara al futuro no descarta apoyar otras medidas.