El asesinato a cuchilladas de una agente de policía el pasado viernes a las afueras de París ha provocado que el Gobierno francés prepare un nuevo proyecto de ley para tratar de frenar al nuevo perfil de terrorista islamista: hombres que actúan en solitario, no pertenecen a una organización concreta y se radicalizan por internet.

En una entrevista publicada ayer por un rotativo galo, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció que presentará este miércoles en el Consejo de Ministros una nueva norma, que se une a las ya en vigor de 2015 y 2017, promulgadas en plena oleada terrorista. Entre las nuevas medidas, la propuesta plantea la instauración de visitas domiciliarias por parte de las autoridades por el criterio de «amenaza grave»; un estrecho seguimiento de las personas radicalizadas, a las que se las podrá derivar a servicios psiquiátricos; y la captación de conversaciones vía satélite.

Además del trámite parlamentario, la normativa también puede pasar por el cribo de la Justicia, ya que algunos especialistas han puesto en duda la constitucionalidad de algunas medidas.

Nos enfrentamos a «individuos aislados, cada vez más jóvenes, fuera del radar de los servicios secretos y sin obligatoriamente estar en contacto con redes islamistas ya constituidas, usan internet y las redes sociales de manera sistemática», alerta Darmanin.

A ese retrato robot de lobo solitario, parecido al del joven checheno que decapitó al profesor Samuel Paty en octubre de 2020, responde Jamel G., el tunecino de 36 años que acuchilló en la comisaría de Rambouillet a Stéphanie, una policía que tenía 49 años y dos hijas.

La muerte de la agente ha conmocionado a un país acostumbrado a esta lacra. Las cifras hablan por sí solas: desde 2012, ya son 269 las víctimas mortales de atentados inspirados en el integrismo islámico.

Repartidor y residente en la apacible Rambouillet en un estudio que compartía con su padre, Jamel G. tenía un visado temporal de trabajo y había logrado regularizarse después de 10 años sin papeles. El hecho de haber entrado a Francia sin permiso legal encendió a los conservadores y la ultraderecha, que acusaron al Gobierno de Emmanuel Macron de ser «laxo» frente a la «inmigración ilegal».

Creciente preocupación

A un año de las presidenciales, los electores franceses están especialmente preocupados por la seguridad y el combate al terrorismo, una cuestión que queda solo por detrás de la salud, la lucha contra la pandemia y la educación. Un 86 por ciento de los votantes tendrán en cuenta las políticas de lucha contra el terrorismo y la inseguridad que proponga cada candidato, de acuerdo con un encuesta publicada ayer.

En las últimas semanas, antes del atentado, Macron se había empañado en hacer gestos y declaraciones en favor de las fuerzas del orden, anunciando un refuerzo significativo de las mismas.

Sin embargo, muchos electores lo siguen percibido como poco firme en el aspecto de la seguridad, en el que claramente le adelanta la ultraderechista Marine Le Pen, una de las favoritas para el pleito de 2022.