En junio se inicia la auditoría en residencias de mayores

EP
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La Junta de Comunidades diseñará el próximo mes su auditoría de residencias de mayores para crear un nuevo modelo residencial "avanzado"

En junio se inicia la auditoría en residencias de mayores - Foto: CARMEN TOLDOS

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, confesó que su intervención de este jueves en las Cortes regionales para dar cuenta de las medidas y actuaciones que su departamento ha puesto en marcha durante la epidemia provocada por el coronavirus, «es una de las más difíciles que me ha tocado hacer, porque está siendo uno de los momentos más difíciles que me ha tocado vivir desde el punto de vista personal, profesional y humano».
El comienzo de su comparecencia fue bastante emocional y reconoció que lo sucedido en los dos últimos meses «nos está trayendo muchos desvelos, no solo a mí y a mi equipo, sino a todo el Consejo de Gobierno, empezando por el presidente del gobierno y el consejero de Sanidad como autoridad sanitaria». 
Dicho esto quiso recordar las duras cifras que el «maldito virus» ha provocado en las residencias de mayores, duramente azotadas por la letalidad del Covid-19.
Así, Sánchez informó de que, con datos cerrados de este mismo jueves, hay 240 residencias de mayores con casos confirmados de Covid-19 con 6.345 residentes afectados positivamente y 1.253 fallecidos confirmados. Asimismo, se han hecho 4.102 test rápidos y 4.809 pruebas con PCR. 

una auditoría «exhaustiva». Tras ello, adelantó que el Gobierno de Castilla-La Mancha comenzará en junio el diseño y la tramitación de una auditoría general en residencias de mayores, que va a servir de base a un modelo residencial «avanzado» y que se va a encargar a un grupo de expertos para hacer una valoración «exhaustiva» de los indicadores en la calidad de la gestión de los centros residenciales.
Ésta es una de las iniciativas, recordó, que se enmarca dentro del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica y Social de Castilla-La Mancha, las cuales ha considerado «imprescindibles» en este momento.
La titular de Bienestar Social explicó que el grupo encargado de esta auditoría estará integrado por expertos en materia social, sanitaria, arquitectónica y económica y ha dicho que va a suponer «una oportunidad para poder desarrollar el auténtico modelo de atención centrado en la persona», es decir, en los derechos de los mayores, sus decisiones, valores y cuidados.
Asimismo, indicó que, de esta manera, se podrán detectar todas las «dificultades y deficiencias» que ha podido haber en los centros residenciales, «a pesar de todo el esfuerzo que han hecho», remarcó.


PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL. Sánchez también destacó que el Gobierno regional va a poner a disposición de los profesionales, familiares y residentes un programa de intervención psicosocial «para reparar el daño emocional, las heridas y las secuelas de esta crisis».
«Vamos a pedir la colaboración de profesionales del tercer sector, especialistas en intervenciones psicológicas y sociales, para poder atender cualquier necesidad personal y emocional que pueda tener un familiar, profesional o residente de estos centros, fundamentalmente de las residencias de mayores», aseguró.
También destacó que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha garantizado y ordenado la prestación de servicios y/o prestaciones para la ciudadanía y colectivos vulnerables y se ha puesto en marcha un Plan de Inspección Específico de residencias de mayores que, hasta el momento, ha evaluado un total de 103 residencias de mayores.
Además, Sánchez indicó que se han adaptado y reforzado las metodologías en los servicios de Teleasistencia, con un Plan de Seguimiento Telefónico Intensivo que han realizado un total de 135.000 actuaciones, y se ha reforzado el seguimiento del 100% de los usuarios del servicio, especialmente las personas que viven solas; en Ayuda a Domicilio con un protocolo coordinado entre Sanidad y Bienestar Social que ha cubierto las necesidades básicas de los 22.086 usuarios; así como los programas de apoyo a las familias que lo necesitaban por situaciones de violencia, separación o crianza complicada, de forma telemática, así como la protección de los 1.221 menores en acogida o tutela.