Existen personas prisioneras en su propia casa porque en su edificio no hay un ascensor o una rampa. Así lo anuncia Mari Carmen Villar, vicepresidente de CLM Inclusiva, secretaria Cocemfe Toledo y presidente de Cocemfe Alborada, durante la concentración en Zocodover durante la que se iniciaba en Toledo la campaña #Arrestópolis, para denunciar la falta de accesibilidad en los edificios de vivienda.
Villar advirtió durante la lectura del manifiesto de que «entre todos los derechos, el derecho a una vivienda digna es fundamental para poder llevar a cabo una vida normalizada y de la misma manera es imprescindible garantizar el derecho a la movilidad, es decir, a que tú puedas salir y entrar de tu casa de una forma autónoma e independiente». Es decir, las personas con discapacidad necesitan poder entrar y salir libremente de su casa, para poder diseñar su propia vida. De ahí que Cocemfe inicie esta campaña, en la que «pretendemos sensibilizar a los organismos públicos y a la sociedad en general sobre la existencia de personas con discapacidad que viven encerradas en su propia vivienda por falta de accesibilidad en su edificio». Tienen que ser los poderes del Estado los que pongan las soluciones. No en vano, parte de la problemática tiene su origen en la Ley de Propiedad Horizontal, que hace que hace que no sean obligatorias las obras que garanticen la accesibilidad universal si el coste por propietario supera doce derramas.
Por eso, Cocemfe y CLM Inclusiva salen a la calle en 37 ciudades de España para hablar de casos reales de personas que no gozan de una vida independiente. Son casos, apuntó Marga Girona, presidente de SFC-SQM Castilla-La Mancha, como los de Daniel Octavio, vecino de Elche, y Nuria, vecina de Parla, cuyos vecinos se niegan a instalar un ascensor.
Por todos los motivos, explicó Míriam Ruiz, gerente provincial en Toledo de CLM Inclusiva, la campaña pide a las instituciones que garanticen la accesibilidad universal en todos los edificios de viviendas, de manera que se haga especial hincapié en que se lleven a cabo reformas integrales y la instalación de ascensores o rampas siempre que sea posible, en vez de optar por aquellas actuaciones que facilitan la movilidad pero requieren más mantenimiento o la intervención de terceras personas. También es fundamental modificar la Ley de Propiedad Horizontal para eliminar la actual limitación económica de doce mensualidades de gastos de la comunidad y que sea obligatorio realizar las reformas de accesibilidad de la misma forma que otras reformas ineludibles de las condiciones estructurales, la estanqueidad, la habitabilidad y la seguridad. A la vez se deberán establecer ayudas específicas a todas las comunidades.
Otro de los aspectos clave es que no sea necesario que sea la propia persona quien denuncie y pueda hacerlo en su nombre cualquier otra persona o entidad, a fin de evitar conflictos en el vecindario.