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Un informe realizado por el secretario general del Ayuntamiento de Toledo concluye que los servicios jurídicos municipales «en momento alguno han sido utilizados en beneficio particular de la señora alcaldesa» en el procedimiento abierto por la compra de la colección Luis Alba. El informe ha sido  realizado ante las acusaciones vertidas por los grupos municipales del PPy VOX tras conocerse una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, que confirma una multa coercitiva impuesta a Milagros Tolón al considerarla responsable del intento de retrasar el cumplimiento la sentencia por la que se ordenaba al Ayuntamiento de Toledo el pago de las cantidades pendientes de abono por la compra de la mencionada colección ya conservada en el Archivo municipal.

El mismo informe afirma que «no se ha abonado pago alguno por la sanción impuesta en el procedimiento, desmintiendo igualmente las manifestaciones del grupo municipal de VOX que asegura que «su reiterada actitud incumplidora les ha costado dinero a las arcas municipales».

Además, el vicealcalde de Toledo, José Pablo Sabrido, lamentó que «una vez más el Partido Popular manipule la información buscando el enfrentamiento con el equipo de Gobierno» más que su colaboración en defensa de los intereses de la ciudad de Toledo que es lo que siempre motiva al Gobierno local».

José Pablo Sabrido recordó que la adquisición de la colección de Luis Alba es «un viejo asunto» de hace más de 15 años, de 2006. «Una colección que valió al Ayuntamiento más de 1.200.000 euros y cuya compra se debería haber solucionado en los años 2007, 2008 y 2009, siendo este equipo de Gobierno en la anterior legislatura quien puso fin a esta situación defendiendo siempre los intereses de la ciudad».

El responsable municipal quiso dejar claro que «siempre» se ha actuado en defensa de Toledo y con carácter institucional, «nunca personal», al mismo tiempo que explicó que estas decisiones han estado siempre avaladas por los servicios jurídicos y «cualquier actuación que hemos llevado a cabo, siempre ha sido con su asesoramiento y su consejo».

El 14 de noviembre de 2016 el Juzgado número 1 de Toledo dictaba  una sentencia que condenaba al Ayuntamiento de Toledo a pagar 186.776 euros por intereses de demora más otros 43,56 euros cada día hasta completar el abono de dicho importe. Ante el retraso en la ejecución de esta sentencia por parte del Ayuntamiento el mismo juzgado dicta un auto de ejecución el 30 de mayo de 2018 y como no da resultado lo repite el 12 de julio de 2018 añadiendo una «multa coercitiva en la cuantía de 800 euros en la persona de la alcaldesa de Toledo, como responsable de la ejecución que ha desatendido los requerimientos de este Juzgado». La multa, según la resolución judicial, continuará reiterándose cada semana «hasta que se proceda al total cumplimiento» del pago, «acordando el incremento en dos puntos del interés legal y deducir testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que corresponda».

El Ayuntamiento presentó con sus servicios jurídicos municipales un recurso contra el auto del juzgado. En él alegaba que la Junta de Gobierno Local de 4 de julio de 2018 adoptó el acuerdo de «autorizar el uso del Fondo de Contingencia para la financiación del gasto derivado de la ejecución de la sentencia (171.635,34 euros)». Asimismo, explicaba que el jueves 26 de julio convocó Pleno del  Ayuntamiento de Toledo uno de cuyos puntos del orden del día era la aprobación de la modificación presupuestaria y que, como acto previo, la Comisión de Hacienda  de  23 de julio de 2018 dictaminó favorablemente la aprobación del expediente.  Además, el propio Luis Alba señalaba en agosto de 2018 en  La Tribuna que se «estaba siendo muy injusto con la alcaldesa porque la culpa es de García-Page». «El único culpable de este retraso económico es Page. Él fue el que compró la colección y su Corporación lo aprobó. Tolón ha recibido el embolado».

Sin embargo, la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, fechada el 25 de septiembre de 2020, y que ha sido recurrida ante el Supremo,  no entra en el fondo del asunto al sostener que los servicios jurídicos municipales carecen de legitimación para participar en la defensa de un interés que no coincide con el de la institución ya que «la multa ha de satisfacerla la alcaldesa y no el Ayuntamiento».  

 Los magistrados explican que el Ayuntamiento ostentaba legitimación para recurrir el embargo de sus bienes decretado en uno de los autos con el fin de avalar  el pago de la cantidad pendiente. «Sin embargo, se trata de una cuestión que no ha sido objeto de impugnación en los recursos de apelación interpuestos por el Ayuntamiento de Toledo».