La próxima semana se reúnen en Bruselas los ministros de Agricultura de la Unión Europea para abordar, una vez más, la negociación de la nueva política agraria comunitaria (PAC). Pero también para abordar la nueva estrategia de desarrollo rural donde el fondo de reconstrucción aprobado por los jefes de estado en el Consejo Europeo puede jugar un papel determinante para la recuperación del campo de esta crisis. No en vano, se estima una partida específica para este concepto de 7.500 millones de euros.
Francisco Martínez Arroyo quiso hacer hincapié en la necesidad de poder utilizar esos fondos «cuanto antes» para que los agricultores y ganaderos de la región puedan aprovecharlos. Según detalló, a España le corresponden 729 millones del total, y a Castilla-La Mancha, si no varía el porcentaje de contribución, que está en el 13,8 por ciento, le corresponden 101 millones de euros de esa partida específica. «Hemos pedido al Ministerio que defienda en Bruselas poder incluirlo en las anualidades de 2021 y 2022 para poder utilizarlo lo antes posible», informó Arroyo a los medios de comunicación desde la Consejería, durante la reunión en la que participó entre el ministro Luis Planas y las comunidades autónomas, en el marco del Consejo Consultivo de Política Agraria, que se celebró de nuevo por videoconferencia. Allí solicitó además que el uso de esas cantidades no suponga para los estados miembros ninguna contribución adicional al presupuesto comunitario.
Destino claro. Preguntado por las prioridades de esos fondos en el campo de Castilla-La Mancha, el consejero autonómico recalcó las necesidades que ya están identificadas desde hace años, como son la ayuda a los jóvenes agricultores a la incorporación al campo; la profesionalización de la agricultura, así como su modernización con la inversión en tecnología; o la integración comercial de las cooperativas para que puedan ganar peso a la hora de negociar con la gran distribución. Pero en la PACtambién están por definir, y es lo que se negociará en próximas reuniones, la supresión de los llamados derechos históricos, o la fijación de un techo máximo de ayudas por explotación que alcance a todas las ayudas, de manera que «nos permita ahorrar suficiente dinero como para poner en marcha un pago redistributivo para ayudar a las pequeñas explotaciones», es decir, para ayudar al verdadero agricultor y ganadero profesional.
Peticiones que estima aceptan la gran mayoría de las autonomías. «No hay unanimidad en todas, pero sí hay una posición mayoritaria defendiendo un modelo de agricultura donde Castilla-La Mancha se encuentra muy cómoda».