El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ya tiene redactado el proyecto de decreto por el que se aprobarán las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas a los menores de edad que haya perdido a sus madres a causa de la violencia de género. Unas ayudas que oscilarán entre los 4.000 euros, en el caso de que el asesinato haya sido cometido por el padre del menor, y los 2.000, en el caso de que la muerte haya sido a manos de un tercero con el que su madre estuviera mantenido, o hubiera mantenido, una relación sentimental.

Este borrador de decreto viene a cumplir con una de las grandes novedades de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, que no es otra que la de considerar a los hijos de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas huérfanos absolutos, aunque el progenitor homicida siga con vida.

Además, cabe recordar que con esta ley se les reconoce también por primera vez a estos menores como víctimas en sí mismos de la violencia machista. Todos ello con el fin de que puedan acceder a subvenciones y otros recursos habilitados especialmente para este colectivo, como estas ayudas.

No obstante, esta futura paga no es la única ayuda prevista en la ley para ellos. Los niños y niñas que pierdan a sus madres a causa de la violencia de género en Castilla-La Mancha ya pueden acceder a las llamadas ayudas de solidaridad. El objetivo no es otro que garantizar que la pérdida de su madre no suponga perjuicios económicos ni para los menores, ni para sus familias de acogida.

Pero volviendo al borrador en el que trabaja hoy la Junta, también se incluye en él a los familiares de la víctima mayores de edad en situación de dependencia y que convivían con la fallecida. Para ellos se prevé una ayuda única de entre 4.000 y 15.000 euros, en función de su grado de dependencia.

El objetivo de estas ayudas sería «facilitar la reparación del año ocasionado a las hijas e hijos, de las víctimas mortales de violencia de género, así como a los familiares en situación de dependencia», según explica el Instituto de la Mujer regional. No obstante, habrá que esperar al resultado de las próximas elecciones autonómicas para ver si, finalmente, este decreto sale tal y como está ahora mismo redactado.

Pero el económico no es el único ámbito en el que la ley de violencia de género regional trabaja con los hijos menores de las víctimas mortales de la violencia machista. Aquí cabe recordar que la nueva normativa autonómica prevé que en los procedimientos penales (básicamente tras un asesinato o un intento de asesinato) la Junta de Comunidades se persone como acusación popular y solicite la privación de la patria potestad al acusado sobre los hijos menores de edad.

 Lo de personarse como acusación popular es algo que, de facto, lleva realizando desde hace más de una década el Ejecutivo regional cada vez que se produce una muerte por violencia machista. El tema de la patria potestad es otra cosa. La jurisprudencia de los últimos años apunta a que el juez resuelva sobre esta cuestión dentro del proceso penal, y no en un proceso civil paralelo. El Tribunal Supremo, en una sentencia fechada en septiembre de 2016, se posicionaba ya en este sentido, al entender que «repugna legal y moralmente mantener al padre en la titularidad de unas funciones respecto de las que se ha mostrado indigno, pues resulta difícil imaginar un más grave incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad que el menor presencie el severo intento del padre de asesinar a su madre».