Veredicto por el crimen de Mora: culpable

J.M.
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Veredicto por el crimen de Mora: culpable - Foto: VÁ­ctor Ballesteros

Los miembros votaron ayer en el veredicto contra el acusado por el apuñalamiento mortal de su esposa en 2017 y lo encontraron culpable de matar a una víctima especialmente vulnerable

José Rafael G. S. deberá esperar ahora a la decisión de la Audiencia Provincial sobre la pena de prisión en función del veredicto del jurado popular, que encontró al acusado culpable por unanimidad de la muerte de su esposa con la eliminación de cualquier posibilidad de defensa. Así como defendieron por unanimidad que la víctima era una persona especialmente vulnerable, teniendo en cuenta que pesaba sólo 40 kilos como consecuencia de la enfermedad de Ménière, que la debilitaba de modo extraordinario, con una minusvalía reconocida del 85 por ciento.
La deliberación corta de dos horas evidenciaba una cierta unanimidad del jurado popular en el caso de la muerte por dos cuchilladas de Cristina Martín el 5 de febrero de 2017 en el domicilio familiar localizado en la calle Romaneros de Mora. A las 15,10 horas, las cinco mujeres y cuatro hombres que integraban el jurado leían, a través del portavoz, el acta que vapuleaba los argumentos de la defensa del acusado, que encontró unanimidad también en la negación del indulto.
En este sentido, la Fiscalía, la acusación particular y la popular, representada esta última por la Junta de Comunidades, estaban de acuerdo en pedir la prisión permanente revisable, el mayor castigo del Código Penal con una condena mínima de 25 años en la cárcel, contra José Rafael por un delito de asesinato con alevosía de género por ser un supuesto caso con alevosía convivencial y por tratarse la víctima de una persona especialmente vulnerable por su enfermedad, con las agravantes de parentesco y por cometer el hecho por razones de género. Por su parte, la defensa solicitaba una pena de 13 años de prisión por homicidio.
El acusado, canario de 44 años,  se enfrentaba al veredicto del jurado tras las tres sesiones de juicio. Los nueve miembros estuvieron de acuerdo con el relato de los hechos de la Fiscalía en el que el acusado se molestó cuando su esposa entró en el dormitorio donde descansaba él -José Rafael padecía una depresión y apenas salía de la habitación-  y la empezó a insultar y amenazar diciendo: ‘Hija de la gran puta, zorra, te voy a matar’. Asimismo, hubo unanimidad en que el hombre cogió un cuchillo de 16 centímetros de hoja y tiró a la víctima contra el suelo antes de clavar las dos puñaladas mortales, en presencia de la madre de ella y del sobrino de menos de dos años.
Ya José Rafael había reconocido los hechos pero no se consideró culpable en la primera sesión del juicio y se refirió al ataque como «un calentón» atribuido a los problemas económicos derivados desde que se hizo cargo de la empresa familiar y al ambiente hostil que encontraba en los allegados de su esposa, con quien se casó en el año 2006. Así, la defensa fundamentó parte de la estrategia en la depresión diagnosticada al acusado meses antes del suceso, pero los expertos dejaron claro en la Audiencia Provincial que no es causa para un ataque violento de estas características.
plenamente consciente. El jurado, a tenor de las pruebas, acordó que el hombre era «plenamente consciente» de los hechos imputados contra una víctima que padecía una enfermedad que le perjudicó para defenderse o poder huir. Asimismo, los miembros estuvieron de acuerdo en que la víctima no podía esperar que su marido fuera a causarle un ataque mortal aquella tarde de hace dos años.
El único punto desfavorable para el acusado que no obtuvo unanimidad fue que el crimen tuviera como desencadenante la violencia machista por una relación de poder del hombre sobre la mujer. Así, siete estuvieron a favor de la agravante machista y dos en contra de este supuesto.
En favor del acusado, el jurado popular concedió por unanimidad que José Rafael G. S. reconoció los hechos porque se entregó a la Guardia Civil en el domicilio donde ocurrieron los hechos, sin oponer resistencia y con las manos por delante, tal y como declaró el primer agente que entró en la vivienda familiar aquel 5 de febrero de 2017.