La reforma que sigue pendiente

Leticia Ortiz (SPC)
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Las nuevas formaciones reclaman una ley electoral más justa, pero se encuentran con la negativa de PP, PSOE, nacionalistas y secesionistas

Cuando Ciudadanos y Podemos irrumpieron en el panorama político nacional, desenterraron un debate siempre abierto, pero nunca resulto: el de las reglas del juego que deben aplicarse para repartir los escaños según el resultado que arrojen las urnas. Unas reglas que hasta ahora nadie se ha atrevido a tocar.
Durante décadas, PP y PSOE se han opuesto a cualquier reforma de la legislación electoral que pusiera en peligro el bipartidismo y la alternancia en la que convivían cómodos. Sin embargo, no hizo falta un cambio en la normativa para acabar de romper con la hegemonía de populares y socialistas, ya que la entrada en el Congreso de los morados y los naranjas quebró el tradicional bipartidismo. El aterrizaje de Rivera e Iglesias en el Hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo no sirvió, pese a todo, para acometer esa reforma pendiente, que siempre fue una reivindicación de IU, partido que históricamente ha sido el más perjudicado por el sistema, igual que lo fue durante años UPyD. El último en llegar a la política nacional, Vox, reclama en su programa la sustitución de la ley D’Hont, con el fin de que «valga lo mismo el voto de todos los españoles».
Además de la oposición frontal de PP y PSOE, los nuevos partidos que entran con esa idea en el Parlamento se encuentran enfrente a los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes, muy cómodos con una normativa que les permite tener una amplia representación en escaños y, con ella, la posibilidad de ser la llave del Gobierno. 
proporcional. La ley electoral española data de 1985, aunque ha sufrido ligeras modificaciones, la de mayor calado en 2011, y es teóricamente proporcional, pero se aplica con una circunscripción provincial que genera incluso efectos adversos. Así, el sistema en vigor establece que cada provincia tenga un mínimo de dos diputados -Ceuta y Melilla solo uno- y que después se le vayan sumando escaños proporcionalmente a su población hasta completar los 350 asientos del Congreso. Una fórmula que beneficia a las grandes mayorías y castiga a los partidos pequeños de ámbito nacional, como IU, al tiempo que premia a los nacionalistas y a los partidos de ámbito más local.
A modo de ejemplo, un voto de Soria o de Teruel tiene mucho más peso en el Congreso que el sufragio de un madrileño o de un barcelonés. Para obtener escaño por Soria, por ejemplo, hacen falta menos de 20.000 apoyos, pero para sacar ese mismo diputado por Madrid hay que reunir casi 100.000. Además, para la asignación de los asientos en el Hemiciclo no se tienen en cuenta las candidaturas que no hayan obtenido al menos el tres por ciento de los votos válidos.
Una mezcla que provoca paradojas como que el PNV tenga cinco diputados y grupo parlamentario propio, mientras que el Partido Animalista (PACMA) con los mismos respaldos (286.000) no tenga ningún representante en el Congreso.
La normativa, por tanto, favorece a los partidos con más apoyos en zonas poco pobladas y perjudica a los que basan su implantación en los grandes núcleos. De hecho, la guerra desatada en torno al apoyo a La España vaciada esconde una batalla en la que están en juego 100 diputados, una cifra que vale un Gobierno.
soluciones. No son pocos los expertos que defienden que para conseguir un sistema electoral más justo y proporcional lo necesario sería sustituir la circunscripción provincial por otra autonómica o, incluso, por una circunscripción única que acercaría el sistema al axioma de «un ciudadano, un voto». Cualquiera de las dos formas precisaría, no obstante, de una reforma de la Constitución, y no parece que el actual escenario político facilite el acuerdo necesario para tocar la Carta Magna.
Sin embargo, hay otras modificaciones viables sin cambiar el texto constitucional, ya que bastaría únicamente con retocar la ley. En ese sentido iban las recomendaciones que en 2009 hizo el Consejo de Estado por encargo del Gobierno, que para mejorar la proporcionalidad del reparto electoral. El informe de este organismo proponía aumentar los escaños del Congreso de 350 a 400, reducir de dos a uno el mínimo de diputados que elige cada provincia y sustituir el sistema D’Hont. Incrementar los diputados es una medida que han reclamado durante años partidos como IU y UPyD, y ahora también Podemos. Se trata, no obstante, de una propuesta impopular, ya que supondría un importante aumento del gasto.
Más allá de la proporcionalidad, el PP sí se ha abierto a reformar la ley, aunque en su caso defiende que la normativa marque  que gobierne la lista más votada. Mientras, los de Pablo Iglesias  plantea una modificación para adelantar a los 16 años la edad para poder votar.
Parece difícil, incluso, la reforma de esta ley orgánica porque, aunque necesita menos consenso que para un cambio constitucional, sí necesita un amplio apoyo de un Congreso que, tras la cita con las urnas el 28 de abril, podría estar más fragmentado que nunca.