Más de dos años después de que comenzaran las negociaciones para la reforma de la Política Agrícola Común que finalmente se aplicará desde el uno de enero de 2023, su tramitación final ha iniciado la cuenta atrás después del acuerdo suscrito la semana pasada por los ministros comunitarios de Agricultura. A partir de ahora comenzarán las negociaciones tanto con el Parlamento Europeo, que ya ha adoptado igualmente un compromiso, como con la Comisión. El objetivo es que en los primeros meses del próximo año puedan estar redactados los correspondientes reglamentos que den luz verde a los procesos en cada país para su aplicación en base a los Planes Estratégicos que, en el caso de España, ya se están elaborando en negociaciones con la Comunidades Autónomas.

En relación con la nueva reforma, y antes de entrar en un análisis más pormenorizado, hay varias ideas eje. En primer lugar, se mantienen los fondos de 47.000 millones que se dispusieron en el periodo anterior en moneda corriente, esto es, sin tener en cuenta el deterioro que supone la inflación. Desde el gobierno se valora como un éxito el haber logrado estabilidad en los pagos en momentos de crisis de recursos provocada por la pandemia y aplicando los mismos criterios que los utilizados en su día por el ministro Arias Cañete: hablar de moneda corriente. Desde el sector se estima que ese volumen supone un ajuste de en torno al 10% en moneda constante.

En segundo término, la reforma supone una mayor apuesta por la política medioambiental con más aportación de fondos y mayores exigencias para su cobro.

En tercer lugar se pretende una mayor política redistributiva a favor de las pequeñas y medianas explotaciones.

Todo ello, y es otra novedad, dejando un amplio margen para su aplicación a cada uno de los gobiernos en función de sus prioridades, siempre en el marco general de las directrices comunitarias. Bruselas, además de controlar los derechos de cobros, vigilará también si los pagos cumplen los objetivos para los que se concedieron.

En la distribución de los fondos, con carácter general, el 60% de los pagos directos se destinarán como Ayuda Básica a la Renta; ahí se incluyen los desembolsos de la actual política verde cumpliendo unas mayores exigencias. Por otro lado, el 40% restante irá para aumentar las medidas medioambientales. En ese escenario se hallan los pagos para los ecoesquemas o planes voluntarios puede llevar a cabo cualquier agricultor o ganadero proponiendo medidas más estrictas en materia medioambiental y a las que se destinará el 20% del montante.

Sobre el destino prioritario de los recursos, desde el Consejo se plantea una modificación de la definición de agricultor genuino en la que se excluya a quienes no tengan la agricultura o ganadería como actividad principal. El acuerdo de los ministros de Agricultura deja abierta la posibilidad de modificar esa definición. En el caso de España, definir el destinatario prioritario de las ayudas es uno de los temas más importantes a debate en las negociaciones del futuro Plan Estratégico que siguen este mes. Las posiciones mayoritarias coinciden en considerar como prioritarios genuinos a quienes, de sus ingresos totales, al menos entre un 20% y un 30% procedan de la actividad agraria y definir como genuino plus a quien perciba de la actividad agraria el 50% de sus ingresos, sin olvidar a los pequeños, cuya importancia es elevada en diferentes tipos de agricultura y en algunas zonas.

La propuesta de los ministros contempla la limitación de las ayudas a los 100.000 euros por explotación, previa deducción de gastos por empleo agrícola con recortes progresivos a partir de los 65.000 euros. En este punto, el Consejo deja la puerta abierta a cada país para su aplicación, así como para marcar el montante de las reducciones. En España, esos porcentajes están por definir, así como la redistribución de los fondos recaudados. La posición mayoritaria es que vayan a parar a los agricultores y ganaderos de pequeñas y medianas explotaciones para aumentar sus ayudas y siempre que la actividad agraria sea prioritaria en sus ingresos.

En la política redistributiva, además de esa asignación de fondos, en España se pretende avanzar en la política de convergencia de ayudas diseñada en 2014 cuyos resultados en los últimos años han sido un fracaso con situaciones claramente discriminatorias entre territorios y en un mismo sector, con Andalucía como la más beneficiada. 

En la futura distribución de los fondos puede haber un trato discriminatorio en positivo para las mujeres que desarrollen la actividad agraria, aspecto igualmente a definir en el Plan. En el caso de los jóvenes, hay una mayor apuesta en la política de ayudas. Donde antes se decía que los fondos podían llegar hasta el 2% de los recursos, en el futuro se indica que deben ser como mínimo del 2% y se pone el techo en los 100.000 euros.

Las ayudas acopladas pasan del actual 12% de los fondos al 13%, incluyendo a la producción de aceituna. El sector olivarero gana aún más peso al incorporarse a los planes sectoriales, cuyos fondos se situarán en el 3% de los recursos vía organizaciones de productores. En la actualidad ya funcionan planes para sectores como vino o frutas y hortalizas. Se incorpora el olivar, aunque la realidad no es que no tenga ayudas. El problema es que mientras un tipo de olivar, el de mayor producción, percibe fondos muy elevados, hay otro, de menor producción y marginal, con ayudas muy escasas a pesar de su contribución al sostenimiento del territorio y de la economía rural.

En el vino el sistema actual de autorizaciones que finalizaba en 2030 se prorroga hasta 2040.

Un punto importante es finalmente la apuesta de los ministros por la digitalización de la actividad agraria, la monitorización de la PAC con el uso de las imágenes de satélite con los programas en marcha del FEGA para conocer la situación de cada explotación y la aplicación de la PAC sin necesidad de las actuales declaraciones.

La propuesta de reforma aprobada por el Parlamento Europeo es una apuesta aún más decidida por el apoyo a las medidas medioambientales con un aumento del 5% al 10% de la Superficie de Interés Ecológico; destino del 6% de los fondos para apoyar a los pequeños y medianos agricultores; pasar del 2% al 4% para apoyar a los jóvenes; más fondos para asesoramiento y más sanciones por incumplimiento de las medidas medioambientales.

Sin embargo, en el sector agrario, no se entiende que el Parlamento se haya posicionado en defensa de que productos elaborados con verduras y cereales, productos veganos, se puedan comercializar utilizando denominaciones como hamburguesas, escalopes o salchichas respondiendo a los intereses de grandes grupos cárnicos y en contra de la actividad de miles de pequeñas empresas en el mismo sector.