El auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que imputa hasta a tres expresidentes de la Comunidad de Madrid e investiga, entre otros, presuntos delitos de malversación, cohecho, fraude, falsedad electoral y prevaricación, dibuja un "plan preconcebido" por el que a golpe de licitaciones 'a dedo' en contratos de imagen y publicidad, sobrecostes en contratos públicos y facturas falsas, los dirigentes de la formación y del Ejecutivo madrileño habrían estado desde 2003 y hasta al menos 2011 utilizando fondos públicos para pagar deudas, sufragar actos de campaña y engordar una supuesta 'caja B'.
Este escrito apunta que dentro de la investigación también se analizan varios actos contratados a uno de los investigados, Ricardo Vázquez, "uno de los proveedores nucleares de la campaña electoral del 2011", según el auto. Uno de estos actos concierne a Castilla-La Mancha, concretamente a eventos celebrados el 9 de mayo de 2011, en plena campaña electoral de las autonómicas, y en el que participó la entonces candidata y después presidenta, María Dolores de Cospedal.
El auto apunta específicamente "acto PP con Cospedal en Castilla-La Mancha y Madrid" y está fechado el 9 de mayo. Aquél día, Aguirre y Cospedal visitaron conjuntamente primero Leganés, y después la localidad toledana de Esquivias para participar en un acto sobre sanidad.
INVESTIGACIONES
En concreto, según el auto, "se investiga el desvío de caudales públicos para financiar campañas electorales, así como la entrega de comisiones y dádivas prometidas a una red de empresas de confianza, las cuales no fueron satisfechas a costa de sus márgenes comerciales, sino, indiciariamente, a cargo de los contratos públicos de diversos entes públicos al que giran facturas que no se corresponden con trabajos reales por reformados y trabajos complementarios o confecciona bajo nombre supuesto dictámenes superfluos y de favor".
El punto de partida está en la campaña de 2003, en la que el PP accedió al Gobierno de Madrid. En aquel momento, sus dirigentes "fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las Consejerías", y adjudicar "en connivencia con determinadas proveedores de confianza la licitación de determinados contratos de suministros".
Aquello se centralizó, según el auto, con las empresas de Horacio Mercado --investigado en la causa--. Él entró definitivamente en el sistema en 2004, cuando en una reunión a la que se presume que asistió Esperanza Aguirre, fue introducido al resto de consejeros con la instrucción de que las campañas de publicidad y comunicación se contratasen con él bajo "decisión final" del vicepresidente, que era entonces Ignacio González y con "supervisión" de la presidenta, pues todo "pivotaba" en torno a ella.
Para poder centralizar esta contratación, el Ejecutivo regional llegó incluso a aprobar una ley para depositar toda la competencia en la Vicepresidencia Primera y Portavocía a cargo de Ignacio González, que se convertía así en el órgano ejecutor de lo que el juez define como un "plan preconcebido" para "recaudar fondos para el PP de la Comunidad de Madrid" que consiguió "desviar entre 2006 y 2010 un flujo muy importante de fondos públicos".