La inmobiliaria Altamira, del banco Santander, va a limpiar los restos de fibrocemento de la antigua parcela de Ibertubo en el polígono industrial. Así se lo aseguró el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, a la Asociación de Vecinos El Tajo durante un encuentro informativo desarrollado a finales del pasado mes de marzo. La parcela, situada junto a la factoría Schweppes, mide unos 140.000 metros cuadrados. Ya en 2005, la Junta organizó una limpieza, que le costó tres millones de euros, en la que se retiraron 50.000 metros cúbicos de lodos, tejas, ladrillos y tuberías. Entonces se aseguró que había quedado totalmente descontaminada.
Sin embargo, parece que no fue así. La Asociación de Vecinos advirtió en el encuentro al viceconsejero, que había asegurado que «ahí hay poco», que en realidad hay bastante material enterrado bajo la superficie, según indica el informe del Seprona, elaborado por la Guardia Civil, precisamente, tras la denuncia vecinal ante la Fiscalía General de Medio Ambiente. Según explica Damián Villegas, «ahí hay muchísimo porque debajo del suelo, como en todos los sitios que estamos viendo, hay lodos». Porque el Seprona había detectado «enterramiento masivo de lodos», algo que él mismo ha podido apreciar recientemente: se ven brotes de lodo blanco en cada madriguera, por ejemplo, excavada por conejos. Parece que los lodos de fibrocemento están a ras de suelo. Lo que desconoce la Asociación es la profundidad de estos enterramiento, más después de los antecedentes de Lagunas de Arcas, donde el amianto alcanza una profundidad de cuatro metros y medio.
a la espera de sentencia. Mientras tanto, la Junta sigue esperando la respuesta del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo a su petición para entrar en los terrenos privados para tapar las 70.000 toneladas de restos acumulados en el entorno del arroyo Ramabujas. La decisión parece que «está al caer», aunque la semana concluyó todavía sin respuesta.
La finca ubicado en las parcelas 3 y 4 del Polígono 85, explicó la Junta a los vecinos, tiene cinco propietarios. Han incumplido la resolución que les obligaba a limpiar el amianto, razón por la que ahora la Junta pide autorización al juez para hacer la labores de sellado.