El alcalde de Valmojado vulnera derechos fundamentales

Redacción
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Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo Tribunal Superior de Justicia de CLM da la razón al PSOE sobre su derecho a poder grabar y difundir los plenos municipales

El alcalde de Valmojado vulnera derechos fundamentales - Foto: Cristina Gómez

redacción / toledo
«Peregrina e inadmisible», «sorprendente», «de notable temeridad». Son algunos de los calificativos que recoge la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación a la actitud que mostró el alcalde/Ayuntamiento en sus argumentos para justificar su oposición a que el PSOE grabara un pleno municipal con el objetivo de difundirlo posteriormente.
Esta sentencia, que da la razón al PSOE, es fruto de una apelación de la portavoz de este grupo municipal, Carolina Rodríguez, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Toledo inadmitiera su recurso contra aquel acto del alcalde, una inadmisión que también le ha valido al Juzgado toledano una reprimenda por parte del Tribunal Superior.
Los hechos se remontan al 15 de junio de 2018. En aquella fecha se celebraba un pleno que la portavoz socialista comunicó que iba a grabar, «la concejal se limitó a comunicar que iba a ejercer su derecho», recoge la sentencia del alto tribunal castellano-manchego.
Sin embargo, se topó con un «no puedes. Hoy aquí no quiero y se te contestará con un informe de la Secretaría» espetado por el alcalde, Julián Agudo. «Obviamente hubo una prohibición de grabación de este pleno, por mucho que el Ayuntamiento pretenda ahora convencer inútilmente de que no fue así», recoge la sentencia del TS.
Esta situación tuvo como respuesta del PSOE la presentación de un recurso el 27 de junio de 2018 en el Ayuntamiento que ya preveían iba a ser desestimado por lo que acudieron a la vía judicial ante el Contencioso-Administrativo de Toledo para recurrir la «desestimación presunta del recurso interpuesto en fecha 27 de junio de 2018 contra el acto administrativo de fecha de 15 de junio».
La presunción de desestimación es lo que llevó al Contencioso-Administrativo a inadmitir aquel recurso que luego Carolina Rodríguez ha apelado ante el Tribunal Superior que declara que la «inadmisibilidad debe ser revocada» y expone la «doctrina sentada en la materia» que justifica esta cuestión.
Así las cosas, también entra el Superior en el «fondo del asunto», y es en este punto cuando defiende que se han vulnerado los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española. Primero el «derecho a comunicar y recibir información» del artículo 20.1 d y después el 23.l «pues la posibilidad de grabar plenos puede ser un instrumento útil para el desarrollo de su función de miembro de la Corporación municipal, para distintas finalidades, entre otras, por ejemplo, el control de la corrección o no de la transcripción de las sesiones en acta por el Secretario».
La sentencia refleja en los fundamentos de derecho que «resulta peregrina e inadmisible» la afirmación del Ayuntamiento de que no hubo prohibición cuando se comprobó en una grabación que «obviamente hubo una prohibición» por lo que califica de «notable temeridad» este intento de convencer de lo contrario. El alto tribunal también aborda la invocación del Consistorio a la Ley de Protección de Datos y recuerda que la publicación de lo grabado es responsabilidad del grabador.
Además valora el TS el intento del Ayuntamiento -dirigido por el ‘popular’ Julián Agudo- de «convencer de que no hubo una prohibición general de grabación que afectase a otras sesiones». Y ridiculiza este intento recordando que el Consistorio argumentó con una transcripción de una sesión de abril de 2014 de la que «absolutamente nada concluyente se extrae, como no sea que ya entonces se ponían trabas a la grabación», matiza el Superior. Por ello, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha concluye al respecto que «es perfectamente comprensible que la concejal la tomase como una afirmación general de que los plenos no pueden ser grabados».
Carolina Rodríguez se mostraba satisfecha de esta sentencia que reconoce que se «han vulnerado nuestros derechos» que, por otra parte, matiza «se están mermando» en otros muchos aspectos del día a día como oposición. Lamenta la portavoz del Grupo Socialista que «tengamos que vernos en estas coyunturas» -tener que acudir a la justicia- cuando otros municipios hasta retrasmiten en directo los plenos por Youtube.