Un año o más. El calendario sigue sumando días a la espera de los informes psicológicos obligatorios y necesarios en muchos de los casos relacionados con causas familiares, penales o de violencia de género. El problema no es nuevo, ya que la falta de profesionales desde hace años está causando «el colapso» en el servicio y las quejas reiteradas en distintos juzgados por distintos retrasos. Incluso el juez decano de Toledo, Juan Ramón Brigidano, ha explicado en ocasiones la situación, la ha calificado de «vergonzosa», y ha solicitado muchas veces un aumento de plantilla para agilizar los procedimientos.
También el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha comparte la opinión. Resulta complicado de entender que haya un único psicólogo en Toledo, adscrito al equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal, para unos 700.000 habitantes, teniendo en cuenta además la dispersión geográfica de los partidos judiciales de la provincia, el aumento de procedimientos que exigen la intervención de estos profesionales y las necesidades de un servicio cuya plaza se ocupó en 2005 y dos años más tarde ya evidenciaba una importante sobrecarga de trabajo.
Por tanto, el TSJ acaba de trasladar al Ministerio de Justicia la necesidad «imperiosa» de aumentar estos medios por las demoras muy graves» que se detectan en la emisión de informes en algunos casos. Si bien, como la problemática tampoco es nueva, en la memoria se deja caer la posibilidad «de articular otras fórmulas para evitar estas esperas tan graves», aunque no detalla cuáles.
Si bien, en algunos informes de años anteriores, el TSJ sugirió la posibilidad de firmar convenios puntuales con los profesionales que trabajan en las administraciones públicas o incluso con el Colegio de Psicólogos, una propuesta que sí se puso en marcha con el segundo colectivo mediante un acuerdo para reducir la lista de espera de las pericias psicológicas en asuntos de familia, pero ya se ha dado por finalizado, según se desprende de esta memoria.
De momento, la carencia sigue en pie sin que el Ministerio de Justicia articule una decisión definitiva a pesar de la necesidad, de las continuas quejas y de la proyección mediática del problema, ya que el tema terminó incluso elevándose al Defensor del Pueblo hace tres años para que mediase con la administración por los retrasos observados en las pericias de Toledo, Ciudad Real y Albacete, que superaban el año. Un colapso que repercute también directamente en el trabajo del equipo de forenses de cada una de las provincias a pesar de que los Institutos de Medicina Legal intentan sobrellevar la situación con una buena coordinación de su agenda.
más carencias. El problema de los psicólogos en los juzgados también se repite con los peritos para la realización de tasaciones penales, de bienes muebles y «de informes que se solicitan con ocasión de los juicios rápidos». Además, también se vuelve a poner de manifiesto el año pasado «la insuficiencia del servicio de letrados designados por el turno de oficio» para asistir a detenidos e imputados, según se desprende de la memoria. Estas dificultades se agravan, sobre todo, «cuando coincide la necesidad de asistir a detenidos en las dependencias policiales con los detenidos e imputados en la sede judicial».
Por tanto, resulta muy complicado que un único abogado se encargue de la asistencia a los detenidos policiales y de los señalamientos penales de los restantes juzgados.