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El futuro control del Consorcio de la Ciudad de Toledo está en el aire. Sus estatutos contemplan que la presidencia del organismo corresponde al alcalde de la ciudad. Sin embargo, esto puede cambiar en cuestión de semanas. De hecho, el Gobierno central podría asumir su presidencia en 2014, toda vez que la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local apunta que los consorcios quedarán adscritos a la Administración que disponga de la mayoría de votos en los órganos de Gobierno. La Junta de Comunidades y el Gobierno de España -ambas gobernadas por el PP- empatan con cuatro representantes cada una en el Consejo de Administración, mientras que el Ayuntamiento de Toledo tiene tres y la Diputación Provincial cuenta con dos.

El empate entre Gobierno central y Ejecutivo regional obligaría a seguir avanzando en los criterios de prioridad de la ley, en los que se mantendría el empate hasta llegar al apartado que habla de financiación. Así, la norma establece que «el consorcio quedará adscrito a la Administración pública que financia en más del 50% o, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año». Es el Ministerio de Hacienda el que aporta un mayor cantidad, concretamente 1,6 de los 3,9 millones del Presupuesto de 2014, seguida por la Junta con 600.000.

Fue el presidente de la Diputación Provincial, Arturo García-Tizón, el que ‘abrió el melón’ ayer del futuro control del Consorcio. Lo hizo en la reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada la mañana por la mañana en la sede de Santo Domingo  el Antiguo. Allí pidió al alcalde, actual presidente de la entidad, la convocatoria de un pleno extraordinario de la Comisión Ejecutiva para  crear un grupo de trabajo con el objetivo de modernizar, racionalizar y simplificar el organismo.

Tizón justificó esa petición en «la necesidad de afrontar reformas de calado en el Consorcio, que pueden afectar al propio Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva, a la Presidencia o a la Gerencia. Y habrá que definir la naturaleza jurídica exacta del Consorcio». A esto se suman las reiteradas denuncias del popular, cansado, según sus propias palabras, de que el primer edil «utilice» el organismo para ‘hacerse la foto’ cuando la aportación del Ayuntamiento es cada vez menor y la deuda cada vez mayor.

El presidente de la Diputación destacó que cuenta con el apoyo del Estado y de la Junta de Comunidades en su demanda, por lo que espera que también se sume el Ayuntamiento.

Tizón explicó que el alcalde respondió a su petición en el encuentro de ayer diciendo que prefiere esperar a la aprobación de la ley estatal antes de convocar el grupo de trabajo solicitado, pero las tres administraciones restantes (Estado, Junta y Diputación de Toledo) defendieron la posibilidad de trabajar en paralelo al proyecto de ley del Gobierno estatal.

El presidente de la Diputación afirmó que esta revisión «no va a desembocar en que el Consocio desaparezca» asegurando que el Estado y la Junta «han demostrado su apoyo al organismo, al ser las dos administraciones que más dinero aportan». En cualquier caso, añadió que el Consorcio «es más que el alcalde de Toledo» y dijo que las posibles reformas no solo se están planteando en Toledo sino también en Cuenca o Santiago de Compostela.