Toledo se queda, definitivamente, sin la ‘glorieta partida semaforizada e iluminada’ a la altura de Azucaica que iba a conectar el barrio con la autopista de peaje AP-41 (punto kilométrico 69,500) y que no se hizo en su día por renuncia implícita del Ayuntamiento. La ciudad, a través de sus políticos, ha incumplido por la vía de los hechos el compromiso de aportar los terrenos necesarios para las obras y se negó a recibir la infraestructura así como a asumir su posterior mantenimiento. Ya no hay marcha atrás porque el dinero se evapora. El Estado va a recuperar el aval de 18.325.541 euros (que se impuso a ‘Autopista Madrid-Toledo, Concesionaria Española De Autopistas’) para pagar obras y expropiaciones pendientes pero se descuenta el coste del acceso a Azucaica. Los jueces y la Demarcación de Carreteras consideran que la culpa es de Toledo y que ha caducado el tiempo de reclamar esa inversión.

La información se puede leer en una reciente sentencia del Tribunal Supremo como parte de los argumentos esgrimidos en un pleito que ha enfrentado al Estado contra ‘Autopista Madrid-Toledo’ y donde (por unanimidad) se excluye de la cobertura del aval la parte de la obra no ejecutada «por desistimiento del Ayuntamiento de Toledo y, en consecuencia, no imputable a la Concesionaria». 

Según se explica, como consecuencia de un acuerdo de colaboración firmado el 20 de diciembre de 2006 entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Toledo y la concesionaria se proyectaron unas obras en el tramo final de la autopista «para dotar de características más urbanas la parte cuya conservación y explotación se iba a ceder al Ayuntamiento de Toledo». 

Es más, la glorieta partida, semaforizada e iluminada para conectar Azucaica con la autopista a través de la CM-4001 «era una exigencia del Ayuntamiento en el momento de la ?rma del convenio». 

voluntad cero. Pues bien, a pesar de haber suscrito el acuerdo, «el Ayuntamiento desde el inicio no quiso hacerse cargo de la conservación y explotación del tramo, ni ha cumplido con la estipulación referente a la aportación de los terrenos necesarios para las obras, lo cual supone un incumplimiento del convenio».

Para rematar el asunto, y «con posterioridad a todo lo indicado», el propio Ayuntamiento solicitó en su día un informe sobre actuaciones urbanísticas previstas en la zona, «dando por hecho la no construcción de la glorieta citada». 

El resultado es que la Demarcación de Carreteras, con el conocimiento de su Dirección General, decidió no ejecutar las obras a pesar de estar aprobadas en el modi?cado correspondiente (nº 3) ya que el acceso no previsto inicialmente en la autopista «se proyectó exclusivamente con la condición de que el tramo pasase al Ayuntamiento». 

«La situación actual es que el tramo sigue siendo conservado y explotado por la Concesionaria (que hasta ahora no ha realizado ninguna reclamación por ello, al menos que conste en la Demarcación), pero sin la ejecución de parte de las obras aprobadas en el modi?cado, ya que éstas no tienen sentido en una autopista». 

culpa municipal. Los magistrados también concluyen que, «efectivamente, la supuesta de?ciencia no resulta en modo alguno imputable a la mercantil, por cuanto deriva del incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Toledo, y tampoco tiene nada que ver con la construcción de las obras de la Autopista que es lo único que constituye el objeto del aval».

El informe de la Dirección General de Carreteras (2014) aboga por  revisar el convenio «bien para dejarlo sin efecto, o bien para modi?carlo, re?ejando la realidad de lo ejecutado y de la posible cesión al Ayuntamiento, con las consecuencias que ello pueda tener».