Las Cortes valencianas han acordado por unanimidad instar al Consell a que exija al Gobierno que revise a la baja los caudales ecológicos «excesivos» del Tajo en los planes hidrológicos del trasvase, así como destinar más fondos para el uso de agua desalada en el campo de Alicante para defender los intereses y particularidades de los productores valencianos.

La petición, del PP transaccionada con Vox, ha logrado el apoyo tanto de los grupos del Botànic II (PSPV, Compromís y Unides Podem) como del resto de la oposición (Ciudadanos). Se centra en las alegaciones que presentará la consellera de Agricultura, Mireia Mollà (Compromís), al esquema provisional de la demarcación hidrográfica del Tajo, en exposición pública desde enero de 2019.

Ante las consecuencias para el trasvase, la propuesta unánime apoya revisar a la baja los caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera por resultar «excesivos» y que el Gobierno valenciano presente alegaciones basadas en criterios técnicos y ajustados a la normativa.

Paralelamente, Les Corts exigen que el Gobierno ponga en marcha mecanismos económico-financieros y jurídicos que hagan asumible el uso de agua desalada para agricultura y abastecimiento en Alicante, sobre todo para que el precio no supere los 33 céntimos por metro cúbico.

Otra medida que recoge la iniciativa es potenciar el uso de energías renovables para las plantas desalinizadoras, de manera que contribuyan a mitigar el cambio climático y los costes energéticos de la desalación.

Por parte de la oposición, el PP defiende que «80 hectómetros cúbicos menos para el trasvase es un criterio bastante excesivo y va en contra de los agricultores», para los que pide «sensibilidad y solidaridad». «Ojalá toque la fibra sensible de la ministra de Transición Ecológica», Teresa Ribera, del PSOE, ha manifestado el ‘popular’ José Císcar.