Una vivienda protegida ocupada es un recurso menos para destinar a las familias con necesidades que cumplen con la ley, e impide a la administración darles este recurso habitacional. Bajo esa premisa, la Consejería de Fomento se ha puesto en marcha, de forma coordinada con otras administraciones, para tratar de acabar con estas situaciones en toda Castilla-La Mancha. La idea es dar una respuesta contundente a las ocupaciones ilegales «porque entendemos que tenemos que ser absolutamente intolerantes con estas prácticas delictivas.
La directora general de Vivienda, Inés Sandoval, ha confirmado que la intervención policial del pasado 23 de junio en las 148 viviendas sociales de la calle Río Yedra vino tras una denuncia por parte del Gobierno regional. Se trata, explica, de «una actuación más que se integra en el trabajo coordinado que estamos realizando desde la administración regional, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el sistema judicial y con los ayuntamientos, con el objetivo de dar una respuesta contundente a la ocupación ilegal en la región».
Unas ocupaciones ilegales, explica Sandoval, «que están conculcando o vulnerando los derechos de familias que están en situación vulnerable, inscritas en el Registro de Demandantes y que se encuentran a la espera de hacer efectivo su derecho a acceder a una vivienda asequible, digna y adecuada». No en vano, recuerda la existencia de este Registro de Demandantes de Vivienda con familias de pocos ingresos, que están cumpliendo la ley, que están esperando para acceder a una vivienda protegida del parque público de vivienda, y cuando hay una ocupación ilegal impide esta entrega, «nos ocasiona un grave perjuicio social».
Esta situación es muy significativa en un barrio como el del Polígono, donde está la gran mayoría de vivienda social de la Junta en Toledo. Sandoval abre una puerta a la solución de todas estas situaciones. Explica que, en realidad, «estamos trabajando en toda la región y en diferentes promociones, y vamos a seguir trabajando». A su juicio, la Junta no puede continuar consintiendo estas ocupaciones ilegales, que además, destaca, «están perturbando seriamente a convivencia vecinal». Es así, dado que afectan de lleno a los adjudicatarios legales de las viviendas.
Río Yedra. La Junta se ha planteado, por otra parte, hacer una intervención importante en sus viviendas de Río Yedra, para comenzar a regularizar la situación de los adjudicatarios. Desde hace años, se están produciendo quejas por parte de estos por la falta de mantenimiento de las instalaciones, así como por los altos alquileres, a su juicio, de los inmuebles, que entienden que son demasiado elevados para personas con su nivel económico. En algunos casos, se está acumulando deuda de los alquileres, más aún desde la llegada de los ocupas.
Sandoval explica que, en realidad, ya ha comenzado esta actuación. En estos momentos se está ejecutando en la promoción un programa regional de intervención social (Pris), «que está haciendo un trabajo importante de intervención social e intervención comunitaria en la promoción, para mejorar la convivencia vecinal». Se trata, destaca la directora general de Vivienda, de una intervención con una perspectiva educativa e integradora, para tratar de crear una conciencia ciudadana de respeto a la vivienda pública, la convivencia vecinal y el cumplimiento de las obligaciones.
Para Sandoval, es importante que cuando las familias vulnerables reciben una vivienda protegida, no termine allí la intervención social, sino que continúe un acompañamiento social de cara a una verdadera integración a todos los niveles (educativos, sanitario o de convivencia). Esto es lo que se está haciendo en las 148 viviendas de Río Yedra.
En lo meramente económico, la directora general de vivienda recuerda que ya se han mantenido varias reuniones con la comunidad de vecinos de la promoción, junto con la Asociación de Vecinos El Tajo. Estas tienen diferentes propuestas que han puesto sobre la mesa, que la Junta está estudiando.
Sandoval también agradece el trabajo de la Asociación de Vecinos y la implicación que está teniendo con las viviendas sociales, con propuestas que se están valorando desde el Gobierno regional. «Cuando estamos hablando de familias y de realidades personales, los cambios no se producen de un día para otro, requiere un trabajo que implique a diferentes administraciones a todos los niveles», explica la directora general. Ahí es donde entra El Tajo.