El jueves pasado en las Cortes se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios -PSOE, PP y Podemos- la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, una «normativa pionera que garantiza la protección y ayuda a las mujeres y menores víctimas de la violencia machista». Esta consecución propiciada «por el Gobierno regional socialista» supone la puesta en marcha de un conjunto de medidas tendentes a trabajar la prevención, la protección y atención a las víctimas, las actuaciones de investigación y evaluación, y la regulación de la responsabilidad institucional ante situaciones de violencia.
La secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Provincial del PSOE, tuvo a bien analizar algunas de las mejoras integradas en una norma «muy necesaria» que apuesta «por garantizar la protección y la ayuda tanto a las mujeres como a los y las menores». En este punto, y recordando que «volvemos a ponernos a la cabeza en la lucha contra la violencia machista, somos pioneros en España y Europa», Rosario García Saco destacó las virtudes de una Ley que «amplía el concepto de violencia de género no solo desde el ámbito de la pareja o la ex pareja, sino también a todo tipo de violencias como es la sexual, la trata de mujeres, la explotación sexual, la mutilación genital femenina o el acoso sexual».
No en vano, y puesto que «todavía queda mucho por hacer para erradicar todas las consecuencias de esta violencia», la secretaria de Igualdad del PSOE calificó de «avance» la consideración como víctimas de violencia de género «a las madres cuyos hijos o hijas sean asesinados» asegurando «una ayuda económica de 4.000 euros anuales a las y los huérfanos cuya madre haya sido asesinada, y la solicitud de la retirada de la patria potestad al padre que asesina a la madre de sus hijas o hijos».
A esta medida se une las tomadas en torno a la educación en igualdad que, tal y como recoge la norma, supone la «inclusión de una asignatura obligatoria en infantil y primaria para educar en igualdad, prevenir la violencia de género y fomentar una educación afectivo-sexual saludable e igualitaria».
Apreciando, García, que esta Ley «es la ley más participativa y participada de la historia de región» en la que se blindan las intervenciones «para que ninguna presidenta o presidente tenga la tentación de eliminar lo conseguido», no olvidó recordar que, «frente a los recortes del gobierno de Cospedal» el actual presidente regional ha movilizado «37 millones de euros para promover la igualdad desde los distintos órganos de gestión. Por ello, y ya que esta Ejecutiva «sí cree en la igualdad y trabaja para lograrla», diputada regional abogó por prevención, formación y sensibilización para erradicar «más cruel manifestación de la desigualdad».