Las conclusiones del último informe FOESSA --una fundación vinculada con Caritas que realiza estudios sobre la situación y los cambios sociales en España-- son alarmantes y desmiente el triunfalismo de los balances oficiales. La crisis económica generada por la pandemia de covid-19 ha aumentado las desigualdades sociales, y, según el informe, la fractura social tiende a hacerse crónica. Se ha cebado especialmente en aquellos sectores que partían de una situación ya de por sí precaria. Once millones de personas viven en condiciones de pobreza. Cerca de tres millones son jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 34 años y la mitad de este grupo malvive en términos de exclusión severa. Eufemismo traducible por pobreza extrema.
Cuatro de cada diez personas apenas consiguen ingresos lo que les coloca en una situación de carencia material incompatible con llevar una vida digna. Canarias, Cataluña y Andalucía son las comunidades más afectadas. La precariedad laboral se ha duplicado y en el último año también ha crecido (un 19%) la contratación temporal, factor que agrava el cuadro general y sin señalar a nadie -o señalando a todos los poderes públicos- debería ser materia urgente de reflexión. De debate en serio y con prioridad a tantas otras cuestiones superfluas que ocupan las agendas oficiales de las diferentes administraciones. El informe constata que por diversas causas las ayudas públicas -el Ingreso Mínimo Vital, la subida del salario mínimo o el subsidio a los autónomos que se han quedado sin trabajo- o no llegan a todos o son insuficientes para paliar los efectos devastadores de una crisis económica que es más profunda que la que padecimos en 2008.
El informe alumbra otro dato muy revelador: solo 336.933 hogares se han beneficiado de los 850.000 que tenían derecho a percibir el Ingreso Mínimo Vital. La complejidad de los requisitos para poder solicitarlo, las incompatibilidades con otras ayudas y las trabas burocráticas agravadas por el teletrabajo en el que están inmersos algunos departamentos de la Administración explican -que no justifican- esta penosa situación que agrava los problemas de los más necesitados y les condena al desamparo. George Orwell acostumbraba a decir que un buen periodista es aquel que se atreve a decir lo que el público no quiere escuchar. Trasladado al mundo de los estudios sociales es lo que aporta el Informe FOESSA cumpliendo con una tarea digna de encomio. Ahora son los poderes públicos quienes tienen la palabra.