El contrato para la recogida de basura en Toledo capital lleva camino de agotarse hasta el último aliento. En sí mismo, no es un hecho extraordinario, ocurre a menudo, pero en este caso lo llamativo es que los funcionarios llevan tres años tramitándo el expediente para sacar a concurso una nueva licitación. Es decir, después de que el Gobierno municipal anulara en febrero de 2017 los 4 años de prórroga, a este paso los van a cumplir si no a superar. Veremos.

La penúltima Junta de Gobierno aprobó la revisión de precios del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria para 2020 aplicando una subida del 2,15% con efectos desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de 2020 (la empresa es Valoriza Servicios Medioambientales).

No se facilitan cifras en dinero pero se sabe que la prórroga del contrato en vigor empezó el 1 de diciembre de 2019 y termina, también, el 30 de noviembre próximo por un importe total de 9.056.144 euros ( desglosado en  6.454.410 euros por el servicio de limpieza viaria y otros 2.601.733 euros por la recogida de residuos, IVA incluido en ambos).

De forma que la subida de precio recaerá sobre la parte correspondiente a los nueve meses finales (aproximadamente 6,2 millones de euros a los que se debe aplicar ese 2,15%).

Prórroga minimizada. El contrato inicialmente suscrito con Sufi SA (actualmente en manos de Valoriza) finalizaba  en febrero de 2017 pero se podía extender cuatro años más con la  prórroga prevista.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento, en enero de 2017, acordó iniciar un expediente para sacar a licitación un nuevo contrato «y que el Servicio de Obras e Infraestructuras y la Adjuntía de Medio Ambiente procedan a la elaboración de los Pliegos de Condiciones que servirán de base para la adjudicación».

Un mes después, febrero, se acuerda  modificar el contrato (queda formalizado como Adenda el 1 de marzo de 2017) «para reducir la prórroga de cuatro años a nueve meses o el periodo necesario hasta la formalización del nuevo contrato, cuyo expediente se encuentra en tramitación».

Y sigue. De manera que todo eso se ha quedado en una declaración de intenciones porque la realidad es que en noviembre de 2018 hubo que aprobar un gasto de 9.056.144 euros para «dar cobertura a un año más de la prestación del servicio». La operación se repite en noviembre de 2019 cuando, de nuevo, se aprueba un gasto similar con  el fin de continuar con el servicio prorrogado otro año, hasta el 30 de noviembre  de este 2020.

Teniendo en cuenta que el contrato original tiene fecha de enero de 2007, y que su duración era de «un plazo de diez años a contar desde la fecha de inicio de la prestación del servicio, más la posibilidad de prórroga por cuatro años más», el año que viene vence esta relación y debería salir a concurso un nuevo contrato, sin excusas.

Para poner en contexto, este el contrato rodeado de polémicas tanto por las acusaciones de mordidas y comisiones ilícitas, con el extesorero del PP, Bárcenas, por en medio, como por el acuerdo (mayo de 2007) de revisión de precios asociado al coste laboral y que obliga al Ayuntamiento a sumir el reequilibrio económico del servicio.