C asi dos años después del inicio de su tramitación parlamentaria y tras el debate de cerca de 400 enmiendas, el Congreso aprobó la semana pasada la nueva Ley de la Cadena Alimentaria. Se trata de una disposición que parece muy teórica, alejada del lenguaje que maneja un agricultor o ganadero en su actividad diaria. Sin embargo, la realidad es que puede ser una ley clave para el sector agrario para lograr mejores rentas gracias a unos precios más justos acordes con los costes de producción; y también para poner freno a la venta a pérdidas por parte de la gran distribución, reducciones de precios al consumidor que al final repercutían a la industria y a la postre en los precios pagados por ésta a los agricultores y ganaderos en origen.

Sobre el papel, pues, se trata de un paso en positivo a pesar de los palos en las ruedas puestos ya históricamente desde el Ministerio de Economía para evitar subidas de precios en la cesta de la compra a costa del sector agrario. La nueva Ley de la Cadena ha sido valorada en positivo por las organizaciones agrarias ASAJA, UPA y COAG y como insuficiente desde Unión de Uniones. Elaborar una disposición para apoyar unos precios rentables en el campo ha sido una reivindicación histórica del sector agrario, muy especialmente a partir de la transición.

En la década pasada, esas demandas se pretendían concretar ya en una Ley de la Cadena. Bajo el mandato de los socialistas se fraguaron varios intentos desde Agricultura con las ministras Rosa Aguilar y Elena Espinosa, pero se quedaron en los cajones ante las posiciones en contra del Ministerio de Economía, como siempre, más preocupado por una alimentación barata que por los precios en el campo. Tuvo que ser el ministro Arias Cañete quien, con un mayor peso en el gobierno de los populares, se atrevió a sacar adelante una Ley de la Cadena en 2013 en la que, entre otros aspectos, se contemplaba la obligatoriedad del contrato, pero donde no se abordaba la venta a pérdidas en la distribución, una vieja demanda que se ha mantenido viva en los años siguientes.

Con motivo de las grandes movilizaciones del campo en los primeros meses de 2020 en defensa de unos precios justos, el Gobierno sacó adelante un Real Decreto Ley de urgencia por el que se obligaba a pagar por un producto en origen un precio que cubriera como mínimo los costes de producción. Con esa ley en la calle, al Ministerio de Agricultura le tocaba poner sobre la mesa datos oficiales sobre costes medios de producción para marcar referencias, así como articular mecanismos de seguimiento y control. La realidad ha sido que, en sectores claves como aceite o leche, su cumplimiento ha sido escaso ante la indiferencia oficial. En leche, los precios en el campo han estado y se mantienen por debajo de los costes marcados por la propia Administración. En el caso del aceite ha sucedido lo mismo con la excepción de las subidas registradas esta campaña por las condiciones de los mercados, firmándose en ambos casos contratos por debajo de costes.

El propio ministro Luis Planas, ante las demandas del sector en las últimas semanas por unos precios que cubrieran los nuevos costes de producción provocados por las subidas de la energía, gasóleo o fertilizantes, señalaba que la salida era aplicar la Ley de la Cadena, olvidando que es un instrumento que él mismo sacó en 2020 como respuesta a las exigencias de los tractores en las carreteras y que le correspondería estar aplicando ya.

Con ese Real Decreto Ley como respuesta de urgencia, el Gobierno procedió a la elaboración de un Proyecto de Ley finalmente aprobado en el cual, entre otros, se contemplan los siguientes aspectos: la prohibición de la venta a pérdidas a lo largo de toda la cadena, no solo en la parte final de la distribución donde se indica la imposibilidad de vender a un precio inferior al de adquisición; la prohibición expresa de comprar en origen por debajo de los costes de producción; la posibilidad de firmar contratos referenciándolos a diferentes índices a efectos de los costes de producción; el incremento de las sanciones, así como la posibilidad de darles publicidad; un reconocimiento de las organizaciones agrarias y asociaciones para llevar a cabo denuncias en nombre de los asociados; la constitución de un registro de contratos donde las Administración puedan hacer un control de los mismos; la inclusión de la restauración en el ámbito de la Ley; la obligación del Observatorio de la Cadena de publicar periódicamente información sobre evolución de los precios de venta y de los costes; o la aplicación de la Ley a los operadores de otros países en sus actuaciones dentro del territorio español.

Hoy, con esa la Ley de la Cadena en vigor, el principal problema y reto sigue siendo su puesta en práctica. En el último año no ha sido una ley estrella como correspondería a su misión. Dada la complejidad de su aplicación, con docenas de miles de contratos a supervisar, en primer lugar es importante la máxima potenciación de la Agencia para la Información y el Control de la Cadena Alimentaria (AICA). En los últimos años se ha registrado un aumento de recursos para apoyar la actividad de este organismo, pero se antojan todavía insuficientes para que pueda afrontar el reto que tiene y evitar así que la nueva Ley no siga siendo un intento o una página del BOE.

Dado el evidente desequilibrio que existe entre el poder negociador de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos frente a la superioridad de los grandes operadores, grupos industriales o de la distribución a la hora de firmar contratos que recojan los precios de coste, parece fundamental que las actuaciones de control sean de oficio a iniciativa de la Administración. Es difícil, por no decir imposible, que un pequeño agricultor o ganadero, con un producto perecedero en sus manos o con una explotación ganadera donde los animales pueden rebasar su peso con pérdida de valor, puedan defender sus derechos en los contratos. En esa línea, en la nueva Ley se echan en falta medidas para avanzar en la corrección, al menos, de las posiciones de dominio en la cadena, donde unos pocos tienen la posibilidad de imponer sus condiciones.

Al margen de la labor de control de la AICA sobre el terreno, es fundamental que desde el Observatorio de la Cadena se haga un seguimiento y se ofrezca información permanente sobre la evolución de los precios y de los costes en cada sector. Con la Ley en vigor y la exigencia de la venta de los productos del campo como mínimo a los costes de producción como objetivo estrella, se podría olvidar que existen todavía algunos sectores muy importantes, como el de los cereales, donde la firma de un contrato no es la práctica habitual.