«Me gustaría hacer ver que los asuntos no se eternizarán»

M.G
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El presidente de la Audiencia Provincial, Juan Ramón Brigidano, charla con La Tribuna sobre sus planes de gestión, la situación actual de la Audiencia y el estado de la administración de Justicia

«Me gustaría hacer ver que los asuntos no se eternizarán» - Foto: David Pérez

Lleva poco más de tres meses como presidente de la Audiencia Provincial y no para. Tampoco lo hacía antes como juez decano y titular del juzgado de lo Mercantil, aunque ahora la tarea es distinta y el despacho está más vacío a pesar de que siempre lo tiene abierto para todo el mundo. Está cogiendo rodaje y tiene planeados una serie de cambios que pueden ayudar a mejorar los tiempos de respuesta en un órgano saturado y con falta de medios que quiere acercarse más a la ciudadanía. A Brigidano le cuesta hablar de planes porque prefiere los hechos y para eso necesita algunos meses más de gestión, de reuniones y de mejoras que pueden evitar que alguna de las dos secciones termine colapsándose por la elevada entrada de asuntos todos los años. También está pendiente «de canalizar las peticiones» de los periodistas y de  modernizar la Audiencia de cara a su visibilidad.

Ha cumplido más de tres meses como presidente de la Audiencia Provincial, ¿cómo ha sido este corto balance?
Sí. He ido conociendo la labor interior y lo he contrastado con la idea que tenía de la posibilidad de ayudar y de iniciar algún tipo de cambio y reforma. Hay dos secciones con distintas competencias y aunque la carga de trabajo debería estar equilibrada, la competencia en materia de condiciones generales de la Sección Primera hace que haya un enorme desequilibrio y multiplica por cuatro y por cinco su pendencia respecto de la Segunda. El primer día que vine solicité, pedí y organicé. En octubre y noviembre se produjo un avance porque iba a entrar un refuerzo para establecer dos cronologías, la ordinaria y la separación de los miles de asuntos que aplastaban al resto de pendencia, así que unos van a un ritmo y otros a otro fuera de ese trabajo ordinario por magistrados de esta sección y de la segunda.

¿Algo así como una especialización de asuntos no?
Sí, es una especialización y con un número de ponencias semanales para que fuera del ritmo ordinario de la Audiencia, que es bueno, se saquen mil asuntos al año al margen. Es algo que ha costado porque había miles de asuntos que organizar, sistematizar y repartir. Ha sido un trabajo ímprobo. En diciembre empezó materialmente esa organización con una sección de seis magistrados que tiene que reunirse, unificar criterios y demás. Esta semana hemos deliberado el segundo paquete de 96 sentencias que van al margen del ritmo ordinario. Y este mes también comenzaré a reunirme con todos los operadores.

¿Alguna propuesta?
Quiero ir a reuniones para escuchar, voy a recibir las peticiones y a partir de ahí elaboraremos un orden del día. Es verdad que tengo encima de la mesa algunas cuestiones relacionadas con la coordinación, la detención, las asistencias letradas y demás, pero quiero ver cuál es la situación actual.

¿Habrá refuerzo de plantilla?
Es necesario tener más magistrados Se incorporó el último y la plantilla de la Sección Primera son cinco a tiempo completo. Me han facilitado estadísticas y es necesario recordar que la carga máxima de trabajo debería ser de 260 asuntos civiles y penales por magistrado y año, pero la entrada de asuntos es de 575 por magistrado, con lo que estamos en un 221% y haría falta doblar la plantilla para estar en el 100% de carga de trabajo. Por mucho refuerzo que se haga hay déficit. Lo que hacemos es absorber la entrada, pero hay más pendiente. Se ha incorporado el magistrado que estaba pendiente más el refuerzo, en total la plantilla la forman nueve magistrados, cinco en la Primera, cuatro en la Segunda y el refuerzo.

Únicamente haría falta un magistrado más para plantear la especialización de las secciones, ¿no?
Efectivamente. Queda uno a efectos de dar el primer paso para la especialización, pero eso lo tenemos en la cabeza y hay que echar números.

¿Cómo marcha esa reforma tan necesaria de la Audiencia Provincial?
Las obras empezaron en diciembre. Se trata de un proyecto que tiene que ver con una parte del edificio que se estaba destruyendo y con el deterioro importante de las canalizaciones internas. Estos trabajos están afectando a la actividad en la Audiencia. Hemos tenido días que no se oía nada en los juicios por los martillazos. La parte más incómoda ya se ha terminado, pero todavía falta retirar algunas tuberías, quitar un aparato inmenso de aire acondicionado muy poco eficiente, así que calculo que unos cuatro meses más.

Desde hace unos meses los furgones policiales no paran en la Plaza del Ayuntamiento para bajar y custodiar a los procesados hasta la Audiencia, ahora paran poco antes de la puerta. ¿No es posible que accedan al interior del edificio mejor?
Hay situaciones heredadas y tiene que ver con la poca posibilidad de adaptar edificios en cascos históricos. La accesibilidad y la adaptación son mucho más complicadas de lo que la gente imagina. Por ejemplo, en el ascensor no cabe una silla de ruedas y hay que cambiarlo. El acceso del furgón al garaje estaba ya solucionado, pero ahora no se puede temporalmente porque esa zona está en obras.
Sin embargo, queda pendiente el acceso de las personas con movilidad reducida. Tenemos que adaptar los ascensores y habilitar una entrada lateral con rampa en la Audiencia. También haría falta aislar el edificio porque hace un frío desolador y se requiere una obra en la oficina de la Sección Primera, pero todavía está pendiente.

Uno de sus compromisos es acercar la Audiencia a la ciudadanía.  ¿Cómo lo tiene pensado?
Sí. La mejor imagen que se puede dar de la administración de Justicia es resolver pronto. Aquí se resuelve muy bien, algo que ya sabía, y los  magistrados se preocupan extraordinariamente de que los asuntos estén bien resueltos, fundamentados y del más necesitado de protección. Y aunque se resuelve muy bien, se necesita resolver pronto, así que el acercamiento de la Justicia al ciudadano es hacerle ver que su asunto no se va a eternizar, incluso si no es preferente. Y ese acercamiento tiene que ser con hechos. A mí no me gusta decir, me gusta que se demuestre y me gustaría acercar una realidad y no un deseo, esto último es mas propio de algo político que judicial. Hay que tener en cuenta que la Justicia es un servicio público.

Habla de agilizar los tiempos de respuesta y a veces es muy necesario porque la Audiencia está juzgando casos de hace seis o siete años todavía.
Eso es otra historia y no es extraño. Si un asunto llega en apelación puede ocurrir porque tarda tiempo en registrarse y tiene que ponerse a la cola de acuerdo a un ritmo preferente u ordinario. Yo me preocupo de los asuntos cuando llegan a la Audiencia, pero el problema se encuentra en los plazos de instrucción en los juzgados, que también están relacionados con la necesidad de una plantilla suficiente y estable y  con la litigiosidad porque si es excesiva se tarda muchísimo.
Ahora hay una legislatura de cuatro años y habría que estudiar qué queremos de la administración de Justicia, si queremos tribunales de instancia, si se necesita oficina judicial o no y debería preocupar. Lo de los plazos de instrucción, por ejemplo, no se soluciona con una ley que imponga un plazo porque se puede prorrogar y ampliar. Hay que ir más allá...

Acaba de arrancar el nuevo Gobierno central. ¿Qué más pediría para la administración de Justicia en general y para Toledo?
Con carácter general, pediría de una vez se utilice una legislatura para tener una idea de lo que queremos como servicio público y que se ponga encima de la mesa si queremos los juzgados tal y como están, o tribunales de instancia y si queremos la oficina tal como está, el modelo de Ciudad Real donde se separa la tramitación del juez, o el modelo Cuenca, donde no se separa y solo hay servicios comunes de ejecución.
Alguna vez tendrá que haber alguien que vea todo esto porque va pasando legislatura tras legislatura y nada. Y ahora ya tenemos un instrumento gracias a la medición de cargas de trabajo que permite evaluar cuando los juzgados están infradotados. Aquí estamos al 221% mientras en otros están al 60 o 70%. Aun así, no nos podemos quejar porque pertenecemos al territorio ministerio y desde el punto de vista organizativo e informático estamos bien, pero hay otros sitios con las competencias transferidas que están muy por debajo de nosotros.
Es una cuestión de inversión y  dentro de Toledo también hay que ver dónde se está llegando y donde no. En algunos partidos judiciales, como ocurre en Illescas, las instrucciones son muy complejas y hay muchísimos asuntos, con lo que a lo mejor es necesario dotar de juzgados para que no se alarguen tanto. Habría que pensar en la división de jurisdicciones, en un juzgado de lo Social y ver qué partidos judiciales están por debajo.
¿Y sería mucho pedir un Instituto de Medicina Legal, ese proyecto pendiente de hace años, para que los forenses puedan realizar su trabajo en mejores condiciones?
Eso no va por mal camino. Siempre he sido muy escéptico porque había un proyecto para hacer un instituto propio que aparecía y desaparecía en los planes urbanísticos y ocurría lo mismo en los presupuestos generales del Estado. Creo que hay un plazo para redactar el proyecto y si cuaja habrá un avance fundamental.
En general, los retrasos son malos, pero hay uno especialmente perverso, el que afecta a la materia de familia por la tardanza en la emisión de informes psicológicos. No podemos hablar de dos años ni de un psicólogo para 700.000 habitantes, ni podemos decirle al ciudadano que si quiere correr tiene que pagarlo de su bolsillo. Siempre lo digo porque no se puede estar así y porque se necesitan más equipos psicosociales.

Y un psicólogo más es un gasto mínimo para una administración de Justicia, ¿no?
Por supuesto. Llevamos muchos años diciéndolo. Además, había que descentralizar esta actividad porque está bien que haya sitios dotados, pero Illescas y Talavera tienen una sustantividad propia para que el psicólogo tenga una permanencia y atienda a estos juzgados, es algo básico. Que haya psicólogo no depende de que haya edificio, pero quizá vaya unido a una dotación de un equipo psicosocial. Este retraso está provocando víctimas porque la tensión de un divorcio no resuelto durante años no es buena.
 
Tiene en mente también poner en marcha la mediación intrajudicial en la Audiencia. ¿Para cuándo?
No hemos empezado. La mediación en la segunda instancia tiene una parte muy interesante que tiene que ver con el tiempo en resolver asuntos de familia. Siempre me ha parecido interesante la mediación como acercamiento de posturas, pero en la segunda instancia, en una materia en la que el tiempo corre y los hijos se hacen mayores, y ofrece una situación muy interesante, pero tengo que aprender cómo porque aunque ayudé a organizar los asuntos de instancia no son lo mismo. Tengo que ver cómo se hace en algunas audiencias.

¿Hay buena relación con la Fiscalía?
Sí. Muy buena. Tenemos otro tema pendiente para este año, el de la depuración. Aquí los delitos son mucho más graves y aunque hay algún tipo de éxito en delitos contra la salud pública a efectos de conformidad no es lo mismo porque la delincuencia es alta, con una penalidad alta, pero creo que se podría establecer ese protocolo a efectos de depurar prueba y no hacer venir innecesariamente. Algo hay que hacer para evitar suspensiones y tener que venir a juicios que se podían haber conformado con anterioridad.

Un vistazo a la memoria de la Fiscalía provincial, que corresponde a 2018, llama la atención el aumento de los delitos forestales en un 33% respecto a 2017. ¿Le sorprende?
Hay que tener cuidado con eso porque hay una patología importante en determinadas personas y he conocido casos concretos por otros asuntos que tenían que ver con personas con ciertas patologías. Una persona puede provocar muchos incendios, con lo que en ocasiones se produce un aumento exponencial en el número de delitos. Por ejemplo, en los incendios que hubo en la zona de la carretera de Ávila se trataba de una persona concreta y con una patología concreta. Creo que el porcentaje es un hecho puntual.

El caso de Cristina Martín, asesinada por su pareja, está provocando una fuerte polémica por el hecho de tener que repetir el juicio en la Audiencia tras un veredicto con defecto de forma. ¿Cómo lo ve?
Es un caso complejo donde la penalidad puede ser la máxima. Hay que hablar dentro de los términos de normalidad. Hay una persona privada de libertad y puede seguir así. El jueves se ratificó la prisión provisional. Por lo que sé, había una prórroga de la prisión de meses y dentro de ese plazo de esa prisión máxima preventiva hay que celebrar el juicio otra vez porque el Tribunal Superior de Justicia ha considerado que no está suficientemente motivado. Yo no voy a entrar en si es o no correcto, pero hay que verlo en términos de normalidad.

¿Qué ocurriría si se produce un segundo veredicto con fallos? ¿Quedará libre el procesado?
Se suele aprender y en el defecto de forma se indica en qué se ha fallado.  Estoy seguro de que no habrá un segundo fallo.

Las sedes judiciales de varios partidos de la provincia están pidiendo a gritos obras y ampliaciones.
En determinados sitios de Toledo hay determinada dispersión. Por ejemplo, Toledo tiene una sede unificada pequeña y se ha agotado el espacio, así que está pendiente una reforma de una planta bajo cubierta para poderla legalizar y se están llevando a cabo gestiones entre el Ministerio de Justicia y el Ayuntamiento. El octavo juzgado entra y se come todo el espacio disponible y hay que habilitar esa zona abuhardillada.
Además, la provincia tiene tres o cuatro sedes judiciales. En Illescas hay varias y es una barbaridad, con lo que se tendría que abordar y contar con una reserva de espacio importante. También hace falta hacerlo en Talavera. En este último, el asunto está enquistado porque se ha optado por ampliar los juzgados en un casco histórico y se han encontrado restos. Hay que ver qué pasa, si son restos suficientemente importantes para protegerlos y van a condicionar la ubicación y la capacidad. Y lo último que sé de Torrijos es que se ha sacado el proyecto de construcción de los juzgados, que mantiene cuatro actualmente. y las empresas interesadas presentarán sus propuestas.

¿Se ha desvinculado completamente del juzgado Mercantil o le toca de vez en cuando ver cómo andan las cosas teniendo en cuenta que se trata de un juzgado muy saturado?
Nunca me desvinculo. Allí había una organización muy compleja porque es un juzgado muy complicado y se atienden demasiadas cosas. Cuando esto ocurre no se atiende ninguna de ellas y algunas aplastan, como ocurre con los juzgados de cláusulas suelo, a los concursos de acreedores,  donde hay gente que necesita salir de la situación o ser indemnizada. El juzgado está pasando por momentos muy complicados, con bajas de titulares, ceses, traslados…

Es que no es nada apetecible.
Se huye sí. Es un juzgado especialmente interesante, pero el trabajo es tan abrumador que no se llega. Hay que dar una solución más amplia. El Mercantil está infradotado y todo pasa por la división de jurisdicciones y por parcelar la materia porque no puedes estar en un juzgado de lo Mercantil, estar de guardia, atender declaraciones, entrar con las cláusulas suelo… Tiene que ir quedándose con lo que es, un juzgado de Primera Instancia y Mercantil.