«No es el modelo más favorable para nadie». Así de tajante se mostraba Mario García, coordinador provincial de IU, ante la posibilidad de aumentar al doble la explotación porcina que existe en Segurilla. 

García cargó contra el Gobierno regional de Emiliano García Page por fomentar un tipo de ganadería que «crea pocos puestos de trabajo y fomenta la despoblación», pues a su juicio, al contar con pocos trabajadores, no se da el factor de la fijación poblacional en los entornos de las mismas.

Según el coordinador provincial, la Junta subvenciona con hasta 100.000 euros las ampliaciones que impliquen la contratación de un único trabajador.

Además hizo hincapié en el impacto medioambiental que este tipo de granjas conlleva, pues el exceso de purines, termina por afectar los acuíferos, y en cuanto a la producción cárnica, afirmó que este tipo de cría, crea una «burbuja de carne barata» que provoca muchos beneficios con pocos trabajadores, cargándose al pequeño productor. Del mismo modo, definió a los animales criados en este tipo de negocio intensivo como «animales seleccionados» de los cuales dijo que tenían un crecimiento exprés produciendo carne de muy baja calidad.

En cuanto al caso de Segurilla, dijo que «desconocen la situación actual» achacándolo a la desinformación que les somete el alcalde popular de la localidad, Pablo Barroso.

Segurilla, que cuenta con alrededor de 1.300 habitantes, tenía en su término municipal una granja con autorización para 1.900 cabezas, a la que el Gobierno regional denegó la licencia para duplicar su capacidad por «errores en el proceso», según explicó el dirigente político. Tras ello, contaron con un periodo de tres meses para subsanarlos «que se cumplió en febrero de este año», y tras el cual «no sabemos qué ha pasado», declaró García.

rechazo. En la comparecencia ante los medios, García estuvo acompañado por María Martín, concejala de  la localidad, que trasladó la preocupación vecinal y el rechazo por parte de la población al aumento de este negocio.

Martín enfatizó que «no tienen noticias» del estado actual de la explotación y, además de los problemas que genera en el medio ambiente, los vecinos tienen que sufrir los olores en sus domicilios «difíciles de depurar» o el «polvo» que genera el paso de los camiones. Además Martín mostró su preocupación por el estado del asfalto de las vías principales de la localidad por las que discurren dichos camiones, y cuyo tránsito puede menoscabar el firme yendo en «perjuicio de todos los vecinos que son los que costean su reparación». 

La edil apremió al Ayuntamiento a «encabezar el rechazo a esta industria» usando las vías legislativas a su alcance, frente a la pasividad actual.