La Sala de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha suspendido el juicio contra la exalcaldesa de Corral de Almaguer Juliana Fernández de la Cueva tras aceptar la petición de su defensa para solicitar pruebas al Ayuntamiento sobre el acceso a los expedientes de multas.

La exalcaldesa y el teniente de alcalde en 2013 cuando se produjeron los hechos denunciados, Vicente González, están acusados de admitir alegaciones de varios conductores para, después de pagar el 50 por ciento por ciento de la sanción económica, no perder los puntos del carné de conducir.

El fiscal les ha acusado de un delito continuado de prevaricación administrativa y para ambos ha pedido una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La vista celebrada ayer duró menos de hora y media, con receso incluido para la deliberación de los magistrados sobre la petición de las defensas, y concluyó con la suspensión del juicio sin fecha para su reanudación.

Tal y como manifestó el magistrado presidente, la Sala consideró oportuno acceder a la petición realizada por la defensa de la exregidora municipal, a la que se adhirió el letrado defensor del exteniente de alcalde, y por tanto solicitar certificación al Ayuntamiento sobre las pruebas.

En concreto, la Sala solicitará que se practique una prueba mediante la petición al Consistorio de Corral de Almaguer para que el secretario de la Corporación certifique si desde el año 2013 se solicitó tener acceso a los expedientes sancionadores de multas que obran en las dependencias municipales y quién lo ha solicitado.

«Contento» por la decisión. Así lo explicó en declaraciones a los medios de comunicación el abogado de la defensa de la exalcaldesa del PP, Juan Justo, quien se mostró «contento» por la decisión del tribunal y por que las defensas podrán tener así las pruebas que desde el año 2017 les han sido denegadas.

En este sentido, el letrado indicó que con la práctica de esta prueba sí se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva y a la legítima defensa que durante la vista había alegado que habían sido vulneradas.

López consideró este extremo «importante» porque «la obtención de estas hipotéticas pruebas que puedan servir para menoscabar el principio de presunción de inocencia, tienen que obtenerse con todas las garantías y todos los requisitos habidos y por haber».

De hecho, durante el juicio, señaló que la denegación de estas pruebas ha creado «indefensión» a la acusada, al tiempo que señaló que este asunto se inició por una denuncia de un particular que obtuvo datos «de forma ilegítima» porque le llegó «un anónimo al buzón de su casa» y lo puso en conocimiento de la Fiscalía.

El letrado del exteniente de alcalde agregó que no se trasladó a las defensas la solicitud de prueba, lo cual entendió el fiscal que podría llevarles a una indefensión que, sin embargo, quedaría diluida si se practica la prueba, por lo que apoyó la solicitud de suspensión.

En cualquier caso, el abogado de Fernández la Cueva mantuvo, dentro y fuera de la sala, que su defendida es «inocente» y afirmó ante los medios que «no ha cometido ningún delito ni nunca ha dictado ninguna resolución a sabiendas de su injusticia e ilegalidad».

«No quitó ninguna multa», subrayó, ni estas sanciones se retiraron «con conocimiento, con el beneplácito y consentimiento de la alcaldesa nunca», sentenció.

De esta manera, continúa este proceso iniciado en febrero de 2015 cuando un agente de la Policía Local hizo llegar a la Fiscalía un escrito de denuncia. El caso pasó por el Tribunal Supremo porque Fernández era senadora y fue asumido posteriormente por el Juzgado número 2 de Quintanar.