Las Cortes de Castilla-La Mancha han dado luz verde a ley de medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas. O lo que es lo mismo, a la ley regional ‘antiokupa’. Ciudadanos se han sumado a esta iniciativa presentada por el PSOE, y que ahora será remitida al Gobierno de España para que lo adopte como suya y la tramite en el Congreso de los Diputados, dado que el texto autonómico implica la reforma de varios textos legales de carácter estatal, algunos de ellos leyes orgánicas. El PP ha optado finalmente por la abstención, tras casi 9 horas de negociación.

Una ley ‘antiokupa’ que puede considerarse dura en su contenido, cargando especialmente contra la ocupación delictiva y las mafias que han proliferado en los últimos años. Y es que, como ya se defendió en su presentación, la ocupación es hoy «un acto delictivo perpetrado por determinadas personas, que no se asemeja en nada al drama que vivió este país en forma de desahucios de familias que habían pagado su hipoteca hasta que perdieron su trabajo por culpa de los recortes o de la crisis económica».

Entre los cambios que plantea esta ley, se encuentra la consideración de la ocupación como un «delito grave», proponiendo un endurecimiento de las penas hasta tres años -en caso de uso de la violencia o intimidación- y una multa de hasta doce meses, así como el aumento del tiempo de prescripción del delito, para evitar que este quede sin castigo.

Asimismo, recoge la tramitación por juicio rápido de las ocupaciones, la facultad de la policía para poder denunciar ante el Juzgado con el atestado de la ocupación y el ‘desalojo exprés’, con un plazo de 48 horas.

También contempla un aumento de los agravantes, con sanciones para la utilización de las viviendas ocupadas para la comisión de otro tipos de delitos graves, como pueden ser la explotación laboral y sexual o la venta de drogas, así como la reincidencia del ‘okupa’.

Además, con este proyecto legislativo se fortalecen el catálogo de diligencias y medidas cautelares, que permitirán a los tribunales disponer el desalojo inmediato y la recuperación provisional del bien ilícitamente usurpado, en tanto en cuanto se continua la investigación judicial para calificar jurídicamente los hechos y pretende residenciar el delito en el ámbito del juicio rápido por la vía penal.

Y se recoge también el fortalecimiento tanto del papel de los ayuntamientos como de las comunidades de vecinos para hacer frente a la ocupación ilegal. Se propone que ambos queden legitimados para poder denunciar ocupaciones.

En concreto, se contempla ampliar la legitimación para actuar, sobre todo en aquellos casos en los que, requiriéndose una respuesta rápida ante la ocupación reciente o en ciernes de un inmueble, el propietario se desentienda o ni tan siquiera tenga conocimiento de la ocupación. Además, se abre la puerta a que se sancionen con la pérdida de ayudas para adquirir o alquilar vivienda  de protección oficial.

Por último, se plantea también modificar las reglas del padrón municipal, para impedir la inscripción de los ‘okupas’, pero garantizando en todo momento la protección del menor en prestaciones tan esenciales como la atención sanitaria y educativa.

Y es que, tanto el Gobierno regional como el PSOE han insistido en recalcar que esta ley no se olvida del problema social. En este sentido, se introducen dos atenuantes: el abandono de la vivienda en el plazo de tres días y la delación a quienes bajo coacción, amenaza o violencia le han llevado a estar en la situación de ocupación ilegal.

Ciudadanos ha sido el grupo parlamentario más receptivo a sacar adelante este texto por unanimidad. Antes de llegar al pleno, el acuerdo con el PSOE estaba cerrado, tras transar la mayor parte de las enmiendas presentadas con los socialistas y retirar aquellas sobre la que no se había llegado a un acuerdo.

Como apunta Alejandro Ruiz, «hay que diferenciar el problema social de vivienda de lo que son jetas, caraduras y delincuentes, que son a los que tenemos que castigar».

El PP, que también llegó a presentar un texto propio ‘antiocupa’ a la Mesa de las Cortes, es quien ha puesto más ‘peros’ al texto socialista. El primero de ellos, vinculado la respuesta que esta ley va a tener en Madrid, donde el PSOE y sus socios de Gobierno  «no han hecho nada» por atajar un problema cada vez más extendido, especialmente en Castilla-La Mancha.

Pero dejando de lado lo que vaya a ocurrir en Madrid, para el PP regional el texto propuesto por los socialistas  se queda corto. Como apunta la ‘popular’ Ana Guarinos, esta ley debe ser para «prevenir la ocupación y echar al ocupa». «No podemos aprobar una ley que sea garantista para el okupa y perjudicial para el propietario».

 En este sentido, su principal queja pasa por el hecho de que el derecho de «protección de morada» lo tenga el ‘okupa’, lo que implicaría, en su opinión, que solo se le podría echa con una resolución judicial, prolongando «meses y meses» el proceso.

Unas críticas que ha tocado al PSOE. «No le voy a consentir que diga que los socialistas hemos venido a ser más permisivos», advierte su portavoz parlamentaria, Ana Isabel Abengozar a Guarinos. «Nuestro objetivo es proteger al propietario, no al ocupante».

Idea que remarca el consejero de Fomento, Nacho Hernando. Como insiste, «Castilla-La Mancha ha  cogido le toro por los cuernos»  y «declara una política de tolerancia cero contra la ocupación ilegal». «Ofrecemos más penas, más agilidad en el proceso, más eficacia, más margen de maniobra para las administraciones, en definitiva, más justicia porque lo que entendemos es que por supuesto no puede haber un planteamiento en el que dé la sensación de que el okupa tiene mayor cobertura legal que la víctima».

El PP también quería meter en esta ley el no empadronamiento de los ‘okupas’, al entender que este  podría considerarse «fraude de ley». Las razones del PSOE para no introducir este punto son  los problemas que generaría en la escolarización de los menores, según explican los socialistas.

Y tampoco habría conseguido incluir en el texto final su rebaja del desahucio exprés a 12 horas y su propuesta de «lanzamiento inmediato» de la orden de parte de la autoridad judicial. Razones, según Guarinos, de su abstención.

Con todo, los ‘populares’ han conseguido incluir muchas de sus propuestas (una veintena) como la introducción de la pena de ‘trabajos a la comunidad’, especialmente enfocada a jóvenes que ocupen casas para fines ajenos a la residencia. Enmiendas que el PP sí habría apoyado con su voto.