Prueban que un guardia civil pudo poner una multa falsa por venganza

J.A.J./Toledo
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El agente fue condenado por vejar a la mujer del hombre que denunció. Después obtuvo información reservada del hombre en una base de datos de Tráfico antes de emitir la sanción. La Fiscalía pide para él cuatro años de prisión e inhabilitación.

Prueban que un guardia civil pudo poner una multa falsa por venganza - Foto: Víctor Ballesteros

Victorino M.G. invocó ayer sus más de 30 años de servicio en la Guardia Civil de Tráfico para defender su inocencia ante el tribunal que le juzga por haber impuesto presuntamente una sanción falsa a un conductor. Sin embargo, la Fiscalía y la Acusación Particular consiguieron probar que el acusado, destinado en Ocaña, pudo fabricar la infracción como una «represalia» contra el denunciado. Por ello, mantienen su petición de cuatro años de cárcel con la consiguiente inhabilitación del agente. El proceso ha quedado visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

La polémica infracción, según el guardia, fue impuesta al conductor J.A.R.M. el 28 de agosto de  2008 por viajar en coche sin ponerse el cinto de seguridad en la autovía A-4, cerca de Ocaña. M.G. añade que llegó a parar a J.A.R.M. para notificarle la sanción, aunque este se negó a firmarle la denuncia. Por su parte, el conductor niega que pasara por el lugar donde se ubica la sanción en el momento en que afirma el agente que se produjo.

La Fiscalía y el abogado de la Acusación Particular, Manuel Espinosa, remontaron la disputa entre ambos a varios meses atrás para destruir la presunción de veracidad del agente. En junio de 2008, el guardia fue denunciado por la esposa de J.A.R.M., que le acusó de haber intendo besarla en la tienda en la que trabajaba en Ocaña. Un Juzgado ocañense condenó por esto a M.G. por una falta de vejaciones de tipo sexual a una sanción económica a finales de aquel mes. Esto habría dado pie a una venganza del agente.

Tras esto, el guardia solicitó una baja por depresión hasta el 25 de agosto. Pero el fiscal jefe, José Javier Polo, destacó en la vista que unos días antes de su reincorporación al servicio, el agente indagó en una base de datos de Tráfico información reservada de J.A.R.M. que pudo utilizar para elaborar la denuncia.

Además, el agente impuso la denuncia cuando conducía solo un coche con rádar móvil, precedido por otro coche patrulla con dos compañeros en un operativo contra el exceso de velocidad. Polo destacó que el acusado  se limitó a informar por radio a sus compañeros de la imposición de la multa, evitando pedir que acudieran y que así fueran testigos de qué pasaba en realidad.

Un último detalle vino por el hecho de que en el parte de la multa sólo figuraba el nombre y apellidos de J.A.R.M., su DNI y la matrícula del coche que conducía habitualmente. No aparecía su dirección, algo incomprensible si el agente detuvo de verdad al conductor porque éste le habría dado el antiguo carné de conducir, en el que sí figura esta información. El presidente del tribunal incluyó ese antiguo carné como prueba en el proceso.

investigación interna. Ya  cuando recibió la correspondiente multa de 300 euros, con pérdida de cuatro puntos del carné, el conductor la recurrió. En este proceso, reclamó a Tráfico el número de identidad profesional del agente, al que denunció en el Juzgado. Sólo después supo la identidad del agente que usaba este código profesional.

Junto a la denuncia a la Justicia, J.A.R.M. presentó una queja a la Guardia Civil, que abrió expediente al agente. El alférez que llevó esta investigación descubrió las pesquisas sobre R.M. en la base de datos de Tráfico hechas por el agente, que las ocultó en un primer momento.

En resumen, Polo destacó que la Fiscalía «no cree en las casualidades» y remarcó que, al estar comprobada la enemistad entre el agente y el conductor por lo sucedido con la esposa del último, la actuación seguida por M.G. cuadra con un delito de falsificación de documento oficial por funcionario público.

Por su parte, la abogada de la Defensa, María Ángeles González, redujo lo expuesto por las acusaciones a «meros indicios», e insistió en las presunciones de veracidad e inocencia de su defendido, que no fue sancionado en la investigación interna.