El consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha incidió este lunes en el Ministerio de Agricultura en la necesidad de apostar por un modelo de ayudas directas en la PAC que priorice al agricultor profesional, ese que se ha acordado llamar «agricultor genuino», porque es ese el que «invierte en agricultura y genera empleo».

Así lo puso de manifiesto Francisco Martínez Arroyo tras la reunión del Consejo Consultivo de Política Agraria que presidió el ministro de Agricultura, Luis Planas, y con el que se pone en la línea de salida la negociación para la planificación estratégica que llevará España y sus regiones a Bruselas para configurar la nueva política agraria comunitaria. En este sentido Planas quiso poner de relieve la importancia de que España «esté en el pelotón de cabeza» para poder contribuir a escribir el diseño de los primeros planes estratégicos porque, según expresó, «los últimos son los que reciben las bofetadas», ejemplificó Planas.

El consejero regional valoró la disposición del ministro de trabajar de la mano de las comunidades autónomas para alcanzar esa posición común en los temas más importantes de la PAC -algo impensable «hace apenas ocho meses», matizó-, y empezar a esbozar ese modelo que priorice al agricultor profesional, así como la incorporación de los jóvenes y las mujeres al campo. Unas medidas que «están bien, pero hay que trasladarlas al papel» demandó Arroyo. Un trabajo que además atribuyó a la Comisión Europea «para no generar desigualdades ni con otros estados miembro ni con otras regiones».

Es el caso de la aplicación de la convergencia a las ayudas por un mismo cultivo, para que sea igual independientemente del territorio donde se dedique a esa misma actividad y «reciban lo mismo por hectárea» en todo el territorio nacional. De igual forma para acceder a la propuesta de la comisión Europea de fijar un techo para la percepción de ayudas de las grandes explotaciones, hasta los 100.000 euros, de manera que lo que no se vaya a pagar, una vez descontados los costes salariales, «se pueda utilizar para ayudar a las pequeñas y medianas explotaciones a través de un pago redistributivo».

Martínez Arroyo insistió en la necesidad de abordar estos encuentros con las comunidades autónomas para priorizar las ayudas. «Saber argumentar qué vamos a hacer con el dinero público es la manera de afrontar una negociación en condiciones con Bruselas», apostilló.

El próximo mes de febrero empezará a funcionar un grupo específico de trabajo que compondrán Ministerio y comunidades autónomas, y al que se invitará a la Comisión Europea, para ir perfilando las lineas maestras de esa planificación nacional. “Ha llegado el momento de que empecemos a diseñar el futuro de la PAC en España en la próxima década” pronunció el ministro, con el objetivo de planificar de manera conjunta «el mayor paquete económico de apoyo a la agricultura, ganadería silvicultura y medio rural que hemos tenido en las últimas décadas en nuestro país».

En cualquier caso, Planas quiso tranquilizar al sector asegurando que los pagos de las ayudas «están garantizados» hasta completar esa planificación, y es que dados los plazos que están barajando es más que probable que la nueva PAC no entre en vigor hasta el año 2022 o 2023.