El presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco ha disuelto las Cortes regionales y ha expulsado de su gobierno a su socio Ciudadanos, ante la posibilidad de que, dentro de tres meses, el PSOE pudiera plantear una nueva moción de censura pasado el plazo preceptivo desde la presentación de la anterior que fracasó, y que en esa ocasión el partido naranja pudiera cambiar su voto o no controlara el de todos sus procuradores, y ante la inestabilidad de la mayoría que ahora sustenta al gobierno autonómico.  

Se trata por tanto de una convocatoria electoral preventiva a pesar de las continuas declaraciones de los dirigentes principales de los dos partidos, PP y C's a favor de acabar la legislatura. Sin embargo, desde hace meses, la posibilidad del adelanto electoral sobrevolaba sobre la región, tanto por los interese del PP autonómico como de la calle Génova, mientras que Ciudadanos hacia loas al buen funcionamiento del gobierno para prolongar el ejercicio del poder, que pierde allí dónde hay convocatoria a las urnas. La realidad distaba de las palabras y la convivencia de los dos socios del gobierno de coalición se había deteriorado de forma alarmante, hasta llegar a la negociación de los presupuestos autonómicos en la que Ciudadanos había tomado la iniciativa. Ahí ha encontrado Mañueco la excusa que necesitaba para la ruptura.  

El momento elegido por el presidente castellano-leonés puede ser el más adecuado para sus intereses partidistas, pero no lo es así para una ciudadanía inmersa en la sexta ola de la pandemia, ni para sus intereses económicos ante la prórroga de las cuentas autonómicas para el año próximo. Pero las encuestas mandan y las perspectivas permitirán al PP volver a ser el partido más votado en la comunidad, situación que perdió en 2019. Si conservó el gobierno es porque Ciudadanos no se atrevió a sumar sus votos a los del PSOE, a pesar de que en algún momento apuntó hacia esa fórmula para acabar con 'el régimen' del PP en Castilla y León.  

La región más extensa de Europa se va a convertir en el primer laboratorio del nuevo ciclo político, porque lo que ocurra allí dará muchas pistas sobre lo que puede ocurrir en una convocatoria nacional. Por lo pronto el PP gastará una de sus balas electorales, la otra es Andalucía, para mantener la tensión política y el rumbo ascendente del partido, como ha hecho tras las elecciones autonómicas de Madrid. Si en algún momento se especuló con la posibilidad de que ambas elecciones coincidieran en el tiempo para no someter a la ciudadanía a un continuo proceso electoral, queda descartada.  

La llamada a las urnas, sin embargo, comporta otros riesgos. Es previsible que el PP no alcance la mayoría absoluta por lo que se verá obligado a pactar con Vox que, según los resultados, puede exigir el mismo trato que se dispensó a Ciudadanos y entrar a formar parte del gobierno regional, con lo que sería la primera vez que la ultraderecha tocara poder. Será también la primera vez que en unas elecciones autonómicas concurran formaciones provinciales representantes de la España vaciada, que cobran todo su sentido en el espacio autonómico, y se podrá, primero, determinar a qué partido le restan votos, y luego, a quien facilitan sus escaños y su precio.