Muchas han sido las denuncias -no judiciales- emitidas por entidades, asociaciones y plataformas interesadas en salvaguardar el patrimonio contenido en el espacio conocido como la Vega Baja de Toledo. Estas reivindicaciones, que lógicamente (y por fortuna) han trascendido del ámbito local y regional, han merecido la atención de instituciones tan destacadas como Icomos -Cuerpo Asesor de la Unesco- que, tras la publicación de su alarmante informe, fue seguida en tiempo y forma tanto por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como por la Real Academia toledana.
Todos estos análisis, y los consabidos informes relativos a las actuaciones efectuadas en Vega Baja por las administraciones implicadas en la gestión de esta porción de suelo, están siendo solicitados por la Fiscalía de Medio Ambiente que, según confirmó a este periódico el gabinete de comunicación de la Fiscalía General del Estado, «tiene abiertas unas diligencias informativas desde hace tiempo con el fin de recabar datos acerca del estado actual de esa zona de especial protección».
La actuación de esta Fiscalía especializada viene a dar respuesta a la denuncia presentada, el pasado mes de noviembre, por la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap), ante una actuación que, recoge el documento, «ha dado lugar a pronunciamientos tan cualificados como los de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» frente a «un proceso, técnicamente confirmado, de destrucción del patrimonio histórico español».
Un comportamiento, continúa el escrito, que «impulsarían las entidades públicas que deben de protegerlo» y que colectivos locales tan significativos como la Plataforma Toledo, sociedad, patrimonio y cultura califican de «expolio», lo que ha propiciado una invitación al Ministerio de Cultura a actuar en el ámbito de sus atribuciones.
De ahí que la asociación denunciante asegure que «lo que se pone en conocimiento es que las iniciativas en curso podrían suponer la comisión presunta de delitos contra el Patrimonio Histórico, al menos en grado de tentativa».
En este punto, el colectivo se refiere a «novedades como la construcción de un cuartel de la Guardia Civil en ese suelo», a pesar de que «el término municipal abarca 23.201 hectáreas de las cuales ni se habrían edificado el 15%». No olvidan aludir al papel «que impulsarían las entidades públicas que deben protegerlo, ante el que el Gobierno regional mostraría una preocupante condescendencia».
Lo que, destaca la denuncia, «estaría propiciado «porque el mismo partido político rige el Ayuntamiento y la Comunidad, siendo impensable que vayan por libre, por lo que lo más plausible sería que sus actos y omisiones, presuntamente, correspondan a un mismo plan que, por su recurrencia, parece que fuera concebido hace lustros desde instancias del poder político y económico».
Y puesto que la Fiscalía de Medio Ambiente ostenta, entre sus funciones, la posibilidad de practicar las diligencias a que se refiere el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, e intervenir directamente -o a través de instrucciones a los delegados-, en aquellos procesos penales de especial trascendencia referentes a los «delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, el asunto toledanos se presenta en bandeja de plata».