La Junta reúne el primer Plenario de Servicios Sociales

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La consejera de Bienestar Social afirma que el Ingreso Mínimo Vital debe ser desarrollado con programas de inclusión social

La Junta reúne el primer Plenario de Servicios Sociales

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado el primer Plenario regional de Servicios Sociales de Atención Primaria con el objetivo de analizar y valorar las consecuencias económicas, sociales y psicosociales de la COVID-19, el impacto de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital en la región, así como la importancia de la intervención social para poder dar respuesta las personas y familias que se han encontrado con más dificultades por su situación de vulnerabilidad durante la crisis sanitaria. Así se recoge en una nota de prensa de la Consejería de Bienestar Social, responsable de la iniciativa.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez ha presidido por videoconferencia este primer Plenario regional de Servicios Sociales, que ha contado con la participación de los responsables provinciales en esta materia, con profesionales de la Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria de la región, con la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín y el director de Acción Social, Gregorio Gómez.
En este contexto, Aurelia Sánchez valoró la aprobación del Ingreso Mínimo Vital y ha destacado la apuesta del Ejecutivo autonómico «por la importancia de las políticas de inclusión social y de inserción laboral con las personas más vulnerables y con mayores dificultades». Además, ha indicado que en tanto el Ingreso Mínimo Vital cubre la atención de las necesidades materiales básicas es «una buena oportunidad para destacar y poner en valor la intervención social que realizan los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria».
Asimismo, la consejera de Bienestar Social manifestó que «el Ingreso Mínimo Vital permitirá garantizar una renta a aquellas familias que no dispongan de medios económicos para poder cubrir sus necesidades básicas, pero que debe ser desarrollado especialmente a través de programas de inclusión social y con la intervención de los profesionales de los servicios sociales, así como complementado con otras prestaciones». El objetivo, precisó, es que los beneficiarios puedan realizar itinerarios y procesos de inserción laboral y de integración social, de la mano de las políticas y servicios de empleo y mediante la coordinación con otros ámbitos como la educación, la sanidad, la vivienda o la formación.