Los números sacan a la luz la realidad del Tribunal Económico Administrativo Municipal, ya que las reclamaciones han aumentado en los últimos años y evidencian un importante retraso que, entre otras cosas, perjudica la naturaleza de este  órgano creado para resolver las discrepancias en relación a la tributación municipal. Por este motivo, quizá ha llegado el momento, según apuntó ayer el portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús Labrador, de plantearse ampliarlo para que gane agilidad y las resoluciones no se demoren más de un año en muchos de los casos.

La comisión de Hacienda llevó ayer en su orden del día dar cuenta de la memoria del Tribunal Económico-Administrativo del año pasado, un órgano que ingresó 162 reclamaciones, a las que hay que sumar otras 52 que arrastraba de 2017, y resolvió  74, de las cuales 5 pertenecían al ejercicio de 2017 y el resto a 2018.  Las cifras indican también que permanecen suspendidas otras 69 reclamaciones y todavía hay pendiente de resolver o, al menos, así era a 31 de diciembre, 135.

«Nos tenemos que plantear el funcionamiento de este órgano y aumentarlo porque el objetivo es que los ciudadanos no tengan que ir a la Justicia para reclamar», subrayó Labrador durante el análisis de su memoria de actividad. Al respecto, considera «que el número de personas y la dedicación no es suficiente» debido al incremento de reclamaciones en los últimos años.

Si bien,  la propuesta tuvo poco recorrido, salvo un «lo tendremos en cuenta» del concejal de Hacienda, José Pablo Sabrido, antes de dar por terminado este asunto y pasar al siguiente punto del orden del día. Además, justificó la tardanza en la problemática surgida con las plusvalías desde hace meses, pero a Labrador no le convenció el argumento porque cree que este órgano ingresa muchas reclamaciones, unas veces por el IBI, otras por la plusvalía y algunas más por los impuestos que se modifican.

Labrador insistió ayer en su propuesta, dado que los miembros  son pactados por los grupos y tampoco requiere un gasto económico importante, teniendo en cuenta además que el presupuesto anual del Tribunal Económico-Administrativo no alcanza los 25.000 euros.

las plusvalías. Este impuesto está añadiendo un trabajo accidental desde que se pronunció el Constitucional. Por tanto, el Tribunal Económico-Administrativo decidió abrir hace meses «una cuestión incidental» y dejar en suspenso 66 reclamaciones, 44 de ellas procedentes del año 2017.

El tema tiene aún bastante enjundia, según se ha manifestado desde hace tiempo desde la Tesorería «por la inseguridad jurídica» en la que se ha visto envuelto el Ayuntamiento de Toledo, como ha ocurrido con el resto de administraciones municipales, que ha obligado desde hace meses a dejar en suspenso aquellas plusvalías dudosas en las que  se acredite que se ha perdido valor del suelo con la transmisión. Sin mbargo, las reclamaciones efectuadas no tienen relación únicamente con la plusvalía, también las hay por el IBI, el ICIO, la tasa de basura o las multas de tráfico, entre otras, aunque estas últimas confirman un descenso a lo largo del año pasado.

En cuanto a los dictámenes, el Tribunal Económico-Administrativo únicamente estimó tres reclamaciones a lo largo del año pasado, ya que las 53 restantes fueron desestimadas. También hubo 5 inadmitidas por defectos o por presentarlas fuera de plazo, tres archivadas -por satisfacción extraprocesal o desestimiento- y otras dos relativas a recursos de anulación.

En este sentido, este órgano suele sumarse a las resoluciones de la Tesorería municipal «porque son conformes a derecho». Si bien, la actividad de este órgano desvela otra lectura menos favorable, al menos, en materia de IBI, puesto que el año pasado se interpusieron 18 recursos contencioso-administrativos, algunos de años anteriores, tras las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo, y los jueces tumbaron el 80%de las resoluciones en relación a las reclamaciones de los contribuyentes  que entienden rústico un suelo que se está cobrando como urbanizable. En estos casos, este órgano sigue aferrándose al mismo dictamen una y otra vez aunque la Justicia dé la razón posteriormente a los reclamantes.