En estos momentos la fiscalización de las cuentas del sector público regional se hace desde Madrid, desde el Tribunal de Cuentas de España, pero eso va a cambiar. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana un anteproyecto de ley para crear la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha y desempeñar esa función. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, hace cálculos de los trámites que quedan y cree que este año podrá aprobarse. De esta forma Castilla-La Mancha dejará de ser una de las cinco comunidades autónomas sin órgano propio.
Antes la región ya tuvo la Sindicatura de Cuentas, que estuvo funcionando hasta que el Gobierno de Cospedal la suprimió en la anterior crisis. Desde entonces esa labor pasó al Tribunal de Cuentas nacional. El consejero avanza que cuando esté en marcha la Cámara de Cuentas autonómica, lo que hará el Tribunal de Cuentas de España es «retirarse de esa fiscalización» y seguirá auditando a la Adminsitración del Estado y las comunidades sin cámara. Garantizó que no se solaparán.
Dependerá de las Cortes. Ruiz Molina avanzó que esta Cámara funcionará con presupuesto de la Junta, pero dependerá de las Cortes. Subrayó que eso le dará «una independencia y autonomía que le permitirá actuar sin interferencias, con objetividad». El presidente de la Cámara de Cuentas saldrá elegido por los diputados. Se exige mayoría cualificada de tres quintos en primera votación(en estos momentos eso supone que el PSOE necesitaría a Ciudadanos o PP). Pero en segunda votación bastaría la mayoría absoluta, con lo que en la actualidad podría salir elegido por los socialistas. Su nombramiento durará seis años y se podrá prorrogar otros seis.
La ley especifica que además del presidente, habrá un secretario general y un máximo de cuatro auditores. La normativa señala qué requisitos deben cumplir para ser elegidos y cuáles son sus incompatibilidades. Ruiz Molina aclaró que no tienen por qué ser funcionarios.
En cuanto a su ámbito de actuación, podrán fiscalizar al Gobierno, las Cortes, los ayuntamientos, la Universidad, a las entidades que reciben subvenciones (incluidos los partidos)o empresas adjudictarias de contratos públicos. Además suma nuevas funciones de asesoramiento en temas financieros y contables, pero no podrá hacer enjuiciamientos cuando se diriman responsabilidades en este ámbito. Eso seguirá en manos del Tribunal de Cuentas de España.